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Venezuela, entre la salida al laberinto y el enroque autoritario

Las elecciones parlamentarias de este domingo 6 de diciembre significarán, más allá del resultado obtenido por cada partido, la apertura de una nueva etapa política en Venezuela.

La oposición ha agotado la estrategia conocida como “La Salida”, un plan para derrocar a Nicolás Maduro que comenzó en 2013 con manifestaciones masivas y finalizó con la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino por la Asamblea Nacional.

miEl Gobierno logró retener el poder, pero a cambio de cuestionar la neutralidad de las instituciones públicas y dejar atrás un sector nada despreciable de su base social. Después de la pelea, los concursantes se lamen las heridas. El gobierno busca abrir el sistema político a nuevos contendientes que brinden legitimidad democrática, mientras que la oposición necesita pequeñas victorias y una participación suficiente en las instituciones. En esta coyuntura, ¿son las elecciones una oportunidad de apertura democrática o un mero pacto entre algunas élites políticas?

Ayuntamiento de Madrid Cayos Guaido - 2

Si hay algo que está fuera del debate es que Maduro no es Chávez. Y no estamos hablando de liderazgo, carisma o simpatía, sino del proyecto de país que ambos representan. La victoria de Chávez en 1998 estuvo acompañada de un aumento de la satisfacción con la democracia, al integrar a los sectores más empobrecidos de la sociedad en un sistema político que hasta entonces les había sido ajeno. De esta manera, fue posible construir una sociedad más cohesionada, aumentando la confianza interpersonal entre los venezolanos y mejorando la consideración de cuán justa era la distribución del ingreso.

Con la llegada de Maduro a la presidencia, el sistema político venezolano ha sufrido una indudable deriva autoritaria, perdiendo el impulso democratizador y distributivo que lo había caracterizado en sus inicios.

El gobierno necesita abrir el sistema político a nuevos contendientes que otorguen legitimidad democrática, mientras que la oposición requiere pequeñas victorias y cierta participación en las instituciones.

El contexto de fuerte polarización y violencia política, así como las amenazas de una intervención militar estadounidense han otorgado un papel cada vez más predominante a las Fuerzas Armadas.

La alianza cívico-militar legalmente consagrada en 2014 ha garantizado la lealtad de los uniformados en momentos de mayor incertidumbre política, pero también ha aumentado su poder en pilares económicos como la petrolera PVDSA o la entrega de alimentos y productos básicos a través de los Comités Locales. de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El exmilitar y vicepresidente Diosdado Cabello es presidente de una Asamblea Nacional Constituyente desde 2018, la cual, asumiendo las funciones de parlamento, ha promulgado la Ley Antibloqueo que supuestamente eludirá los efectos de las sanciones económicas contra Venezuela. En realidad, como han señalado algunas voces críticas del chavismo, puede constituir una vía para que el capital internacional ingrese a los ricos depósitos de oro en gran parte controlados por la jerarquía militar.

También se ha producido injerencia del gobierno en el poder judicial. El TSJ se ha puesto a trabajar para facilitar el acomodo de la oposición, activando la creación de los “escorpiones”: un proceso por el cual los líderes de los partidos de oposición quedan inhabilitados para otorgar los derechos económicos y políticos de los miembros críticos de la organización. Las direcciones de Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia han sido intervenidas y reemplazadas por otras que apoyaron la participación en las elecciones, permitiéndoles participar en la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con la llegada de Maduro a la presidencia, el sistema político venezolano ha sufrido una indudable deriva autoritaria, perdiendo el impulso democratizador y redistributivo que lo había caracterizado en sus inicios.

La oposición no se ha quedado quieta ante estos movimientos del Gobierno. El sector inmóvil, liderado por Juan Guaidó, insiste en un llamado a la abstención que ya fracasó en 2005, y ha lanzado una “Consulta Popular” para cerrar las elecciones, aunque su principal objetivo es convertirse en el líder de la oposición contra Henrique Capriles.

Por su parte, el ex candidato presidencial ha desatendido por completo la estrategia disruptiva de Guaidó, negociando su participación en las elecciones durante el verano con el apoyo de la Iglesia católica y algunos grupos empresariales. En sus redes sociales son más frecuentes las demandas de carácter socioeconómico que las denuncias contra el “régimen”, estrategia que encaja bien con las preocupaciones reales de la población.

El candidato de la oposición de izquierda a Maduro, la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), pretende ser la piedra en el zapato del gran pacto entre el gobierno y la oposición moderada. Formado inicialmente por una amalgama de partidos chavistas, entre los que destacan el Partido Comunista de Venezuela, Patria Para Todos y Tupamaros, la mano larga del TSJ descalificó a los líderes de los dos últimos para incluirlos dentro de la candidatura del PSUV.

Aunque se desconoce el peso electoral de estos partidos, el oficialismo teme perder una parte de su electorado más duro, el núcleo duro que lo ha apoyado fielmente en los últimos años de decadencia económica y polarización política. Por lo tanto, no es sorprendente que la represión contra los disidentes de izquierda esté siendo particularmente cruel. El líder histórico de los Tupamaros, José Pinto, lleva varias semanas en prisión a pesar de su avanzada edad y mala salud. El PCV ha convocado manifestaciones para denunciar la invisibilidad que sufre en los medios de comunicación y los ataques contra militantes del partido. A los partidarios de Maduro les preocupa que una coalición que denuncia tanto el bloqueo internacional impuesto por el imperialismo estadounidense como la venta de bienes públicos a inversores extranjeros pueda tener éxito entre el chavismo crítico.

El contexto de fuerte polarización y violencia política, así como las amenazas de una intervención militar estadounidense, han otorgado un papel cada vez más predominante a las Fuerzas Armadas.

La división interna del chavismo se ve agravada por un descrédito generalizado del sistema político venezolano. El ejecutivo, en su uso partidista de los instrumentos estatales, no solo ha sufrido un declive de popularidad, sino que también ha arrastrado a instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ, que gozaron de altos niveles de popularidad durante el gobierno de Chávez, a cuotas históricas de descontento entre la población. La oposición tampoco escapa a este desencanto generalizado de la población, que otorga puntajes negativos tanto a la Asamblea Nacional como a los partidos políticos que la integran.

La deslegitimación generalizada de las instituciones políticas es un cóctel explosivo al que el Gobierno ha tratado de encontrar una solución, ofreciendo una conciliación con los sectores moderados de la oposición. Las elecciones parlamentarias son el mejor lugar para llevar a cabo este compromiso.

A diferencia de la presidencia, el poder parlamentario se puede distribuir sin poner en peligro a la mayoría gobernante. Una parte de la oposición ha entendido que gana más poder con la participación que con el boicot y está dispuesta a tomar la mano extendida por el Gobierno. Al mismo tiempo, una fracción del chavismo se aleja del gobierno de Maduro y puede convertirse en la pierna izquierda de la cámara. En general, estas elecciones podrían resultar en una junta política algo más inclusiva, con actores políticos renovados y una mayor fragmentación parlamentaria.

La deslegitimación generalizada de las instituciones políticas es un cóctel explosivo al que el gobierno ha tratado de encontrar una solución, ofreciendo una conciliación con los sectores moderados de la oposición.

Para lograr este equilibrio entre bloques, el contexto internacional jugará un papel determinante. Venezuela sufrió severamente el colapso de la primera ola del progresismo sudamericano, con una contraofensiva de derecha que culminó con el golpe de Estado contra Evo Morales que dejó a Venezuela y Argentina como los únicos gobiernos de izquierda en la región. La tendencia está cambiando nuevamente, ya la presidencia de López Obrador en México se suma la gran victoria de Luis Arce en Bolivia; Si a esto le sumamos la inestabilidad que sacude a gobiernos conservadores como Perú y Chile, el mapa geopolítico de la región se vuelve algo menos asfixiante para el oficialismo. Por su parte, la nueva administración de Joe Biden no se desviará en su enfoque estratégico, pero muy probablemente enterrará la “ruta de Guaidó” hasta nuevo aviso.

Por último, el Gobierno español puede promover un liderazgo más imparcial por parte de la Unión Europea, además de aprovechar las capacidades mediadoras que aportan los vicepresidentes Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente, curtido defensor del diálogo en el conflicto venezolano, ya dio su opinión en una entrevista para el canal privado Globovisión: “Tengo esperanzas sobre el 6 de diciembre, con una votación importante, que asistan los ciudadanos, tengo la esperanza de que Venezuela iniciará una nueva etapa “.

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