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Un millar se manifiesta en Barcelona contra los desahucios y la carestía bajo el lema “así no podemos vivir”

“Así no podemos vivir”. Tras una primera mitad de 2022 marcada por las subidas de precios de alimentos, suministros y bienes básicos de consumo, la protesta contra la carestía de la vida volvió este sábado a las calles de Barcelona. En febrero fueron los principales sindicatos de concertación catalanas, con CC OO y UGT a la cabeza, los que se movilizaron. La manifestación de este sábado fue convocada por diferentes organizaciones del movimiento catalán por el derecho a la vivienda y por el sindicato CGT, y reunió a algo más de 1.000 personas (700 según la Guardia Urbana) desde su arranque a las seis de la tarde en la plaza Universitat.

“La vivienda es un derecho, no un negocio: con estos precios no podemos vivir” era el lema, en referencia tanto a las subidas de precios de los alquileres como de los suministros y bienes básicos de consumo. La convocatoria protestó también ante la retirada de la ley catalana de alquileres, el incumplimiento de la ley 24/2015 (que debería garantizar el alquiler social en caso de demanda de desalojo) y la represión al movimiento, que enfrenta en Cataluña una suma de 400.000 euros en multas. Una protesta siempre de actualidad: el mismo día de la rueda de prensa de la convocatoria, se conocía el suicidio de dos hermanas que iban a ser desahuciadas en Santander.

La protesta reunió a distintas PAH (plataformas de afectados por la hipoteca), sindicatos de inquilinos e inquilinas y sindicatos de vivienda y de barrio de toda Cataluña, así como a la Alianza Contra la Pobreza Energética. La marcha discurrió pacíficamente hasta su término en la plaza Salvador Seguí, donde se encontró un turno de intervención por parte de las organizaciones convocantes. Al término de la marcha, y pese a su desarrollo festivo y pacífico, fueron identificados varios asistentes por parte de agentes de los mossos d’Esquadra.

En la rueda de prensa sostuvo el viernes para difundir la convocatoria, la portavoz de la PAH, Lucía Delgado, reclamó al Gobierno central que tuviera en cuenta las enmiendas aportadas por las organizaciones ciudadanas para la Ley de Vivienda que actualmente aún se tramita en el Congreso de los Diputados: “una Ley de Vivienda que garantice el derecho a ella, que paralice los desahucios, que obligue a los grandes tenedores a hacer alquileres sociales y que acabe con las deudas de por vida y con las condenas hipotecarias”. También reclamó a la Generalitat que “haga cumplir” la ley catalana de 24/2015, recientemente recuperada, así como la expropiación efectiva de todas las viviendas de Sareb.

Por parte del Sindicat de Llogaters y Llogateres, el portavoz Guillem Aragonès cifró en un 10% el aumento de los precios del alquiler en ciudades como Barcelona desde la declaración de inconstitucionalidad de la regulación catalana de alquileres, “unos 100 euros más al mes”.

Las dos organizaciones sindicales, CGT e Intersindical Alternativa de Catalunya coincidieron en señalar que estas subidas de precios de alquiler y suministros se producen con unos salarios estancados, “y una temporalidad que, aunque ahora ha cambiado con la reforma laboral, no deja de ser precaria ”, en palabras de Iru Moner, de CGT Cataluña.

A los precios elevados se le suma, además, “unos salarios estancados, un paro crónico y una temporalidad que, aunque ahora ha cambiado con la reforma laboral, no deja de ser precaria”, ha señalado Iru Moner, de CGT Cataluña. “Cada día perdemos capacidad adquisitiva y más personas trabajadoras se acercan al umbral de la pobreza”, ha añadido.

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