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Un análisis crítico de la nueva Ley de Educación

Hace una semana escuchamos la noticia de que la nueva Ley de Educación, también conocida formalmente como Lomloe, e informalmente como “Ley Celaá”, había sido aprobada en el Congreso. Como siempre, todo el ruido mediático se ha centrado en un tema (el concertado) sin mencionar la propia ley. No parece que esta ley haga grandes mejoras, pero sí hace declaraciones de intenciones en algunos aspectos educativos que a continuación enumeraremos y comentaremos.

1) Favorecer los centros públicos frente a los subvencionados.

Pero dan un 6% más de financiación a los arreglados para satisfacerlos. Esta noticia a priori es interesante. Pero cabe preguntarse: ¿en qué medida esta educación pública es mejor que la concertada? ¿Cómo se concretará la promoción de plazas en los centros públicos? ¿Pondrán recursos para ello?

2) Favorecer los centros inclusivos y quienes realizan medidas de inclusión. Tanto en género como en educación especial.

En cuanto a la inclusión de género, se puede pensar que es pura postura, ¿en qué medidas concretas consistirá? Y en cuanto a la agenda, ¿en qué se va a traducir? No parece que vayan a explicar en clase el papel del feminismo en la historia y el pensamiento, menos cuando quieren sacar la Ética del programa (que sirve de preliminar para sacar la Filosofía más adelante). ¿En qué tema incluirán entonces el feminismo en toda su profundidad y sus distintas corrientes? Más bien, parece que vuelve a ser publicidad para la galería, como ocurrió con la “educación en valores”. Y también cabe preguntarse ¿de qué feminismo estamos hablando? No imaginamos que hablen de un feminismo con perspectiva de clase social. El PSOE es más del “feminismo” neoliberal de Patricia Botín, que al fin y al cabo es quien paga las cuentas. Ese feminismo que reclama para las mujeres la “igualdad de oportunidades” que “todas tenemos” en el sistema capitalista.

En cuanto a la inclusión de niños con necesidades especiales, el debate se centra en quién quiere cerrar los centros de educación especial y adaptar los centros ordinarios para ellos. Hay varias preguntas: ¿Cómo se va a medir la inclusión? ¿Pondrán suficientes recursos para justificar el enorme cambio que esto traerá a estos estudiantes? Esto tiene otra lectura posible: ahorrar el dinero que les cuestan los centros de educación especial y distribuirlo a otros centros sin más, que encaja con el momento que estamos viviendo, de desmantelar los servicios sociales y el estado del bienestar. Si es así, en el futuro solo aquellos que puedan pagarlo podrán llevar a sus hijos a centros educativos de educación especial (privados).

3) Reactivar las comisiones de escolarización, para procurar que no haya segregación por centros según raza, cultura, nivel socioeconómico.

Esta medida es una de las más idealistas, porque quienes han vivido las anteriores comisiones de escolarización saben que esto, en el mejor de los casos, lo único que se consigue es redistribuir un poco de alumnos “problemáticos”, como los llaman, entre diferentes centros de zona o barrio que ya está segregado!)

4) Eliminar las revalidaciones y priorizar la evaluación de competencias “sobre los resultados”.

Esto puede resultar interesante a favor del diseño de planes docentes. Pero, de nuevo, no parece que aporte mucho porque la evaluación principal seguirá siendo por exámenes y apuntes (memoria-resultado). Además, la pedagogía basada en competencias en lugar de conocimientos y materias, es un interés de las grandes empresas, que llevan años intentando introducir este modelo en la educación (a través de sus think tanks disfrazados de fundamentos educativos, como hace BBVA). Esto se debe a que quieren que el mercado laboral en un futuro próximo sea totalmente “flexible” y pueda elegir a los trabajadores de acuerdo con sus competencias o habilidades específicas para contratos (“proyectos”) con fecha de vencimiento; en lugar de contratarlos en función de sus conocimientos o calificaciones (que se están devaluando).

5) Recuperar la diversificación “para ayudar a las personas a salir de la ESO y tratar de acabar con los” itinerarios “que clasificaban a los alumnos según su rendimiento”.

Este punto es quizás uno de los más positivos, porque obliga al centro a involucrarse con los alumnos más “holgazanes” para que progresen, en lugar de prejuzgarlos y tirar la toalla con ellos. Sin embargo, todo depende de cómo se implemente en cada centro y cuántos recursos se le asignen. En general, suelen ser programas muy secundarios en los centros. También se puede interpretar como una forma de dar a estos alumnos el título de ESO rápidamente para deshacerse de ellos y pasar a la Formación Profesional. La CEOE pide que se refuerce la FP ya que prevé que necesitarán mano de obra barata en un futuro inminente. Es el mercado, amigo. De ahí tantos anuncios de FP que muestran las “grandes oportunidades” de tener un trabajo mal pagado. Y si no, conseguir que trabajen en lo que David Graeber llamaba trabajos de mierda. El payaso de McDonalds nos recibe con los brazos abiertos. Y Amazon ya está construyendo enormes centros de explotación laboral en toda España para los jóvenes del mañana, es decir, los niños y adolescentes de hoy: el sistema educativo debe estar a la altura.

Además de estos, hay otros puntos que no han pasado por el filtro mediático, como que esta ley abre por primera vez la puerta a que las empresas privadas “ayuden a financiar” los centros públicos, algo que debe corresponder exclusivamente al Estado. Esto les permite pedir algo a cambio: en este caso, las empresas buscan implementar programas, contenidos, actividades, etc. dirigidos a menores, para introducir sus valores e intereses en la escuela. Su objetivo es convertirse en actor en el diseño de planes de estudio, a través de sus fundamentos, como ya es el caso en Estados Unidos. Otro paso hacia la transferencia de funciones del Estado a las grandes corporaciones.

Conclusiones:

La Ley Celaá logra el propósito de generar debate mediático y presentarse como una ley de izquierda, que no lo es, pero plantea serias dudas sobre si tendrá beneficios reales en la educación. Por eso es una ley que va en línea con las anteriores: hacer reformas sin solucionar los problemas del sistema educativo. Una ley que más que aportar se limita a volver a modelos anteriores, eliminando algunas de las polémicas que introducía la LOMCE de Wert e introduciendo otras incógnitas. Y, nuevamente, una ley que se aprueba más desde el criterio de cálculo político y económico que desde el “pedagógico”: no ha tenido un debate profundo en la comunidad educativa y no llega al fondo de los problemas educativos.

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