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Sanción a Scotiabank Colpatria por violar la protección de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de protección de datos personales, impuso una multa a Scotiabank Colpatria de Setenta y dos millones novecientos veintitres mil ciento treinta y seis pesos ($ 72,923,136) al no responder a la solicitud de un ciudadano de eliminar sus datos personales de la base de datos del Banco.

El caso, que se resolvió mediante la Resolución 78221 de 2020, comenzó con la denuncia de un ciudadano que informó que había presentado varias solicitudes al banco Scotiabank Colpatria para eliminar sus datos personales para no recibir publicidad del banco. Sin embargo, después de que se le notificara que sus datos ya habían sido eliminados de la base de datos, la persona continuó recibiendo llamadas y ofertas del banco.

En la investigación, la Superindustria concluyó que Scotiabank Colpatria ignoró las solicitudes de borrado de datos realizadas en varias ocasiones por el titular de los mismos y no garantizó al titular su derecho fundamental al habeas data.

La entidad deja abierta la posibilidad de que la entidad financiera y el equipo legal interpongan los respectivos recursos de reconsideración y apelación.

Academias de conducción sancionadas por certificar estudiantes ausentes

La Superintendencia de Transporte Realizó la acción a trece (13) Centros de Educación Automotriz (CEA), en nueve ciudades del país., luego de constatar que presumiblemente estarían certificando estudiantes sin haber cumplido con los requisitos establecidos al efecto, en relación a las clases teóricas y prácticas. Por tanto, se ordenó la suspensión inmediata y preventiva de la autorización de estos CEA.

Según el Supertransporte son varios los sujetos que intervienen en la instrucción y certificación de las personas que aspiran a obtener el carnet de conducir, incluidos los Centros de Educación Automotriz (CEA), cuya actividad permanente es la instrucción de personas que aspiran a obtener el título de formación de conductores o instructores de conducción.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), así como por los operadores de la SICOV, encontró que las huellas dactilares de personas, capturadas en parafina, se estaban utilizando, para dejar constancia de la asistencia de los estudiantes, y también casos de presunta suplantación de la identidad de los instructores que no estarían impartiendo las respectivas clases.

Camilo Pabón Almanza, Superintendente de Transporte “Todas las agencias de apoyo al tránsito deben entender que si la Policía o la Superintendencia, o alguna otra autoridad descubra este tipo de maniobras fraudulentas, se les aplicarán severas consecuencias, que incluyen no solo sanciones administrativas, sino también penales ”.

No hay recurso contra la decisión de imponer medidas preventivas. En el curso de la investigación administrativa, que se llevará a cabo en estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados, de acuerdo con los derechos fundamentales vinculados al debido proceso y el derecho a la defensa.

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