Geopolitics

¿Qué puede esperar América Latina de Joe Biden?

Por Álvaro Díaz Navarro

Este martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Estados Unidos para renovar la presidencia del país. Como es habitual, las elecciones serán seguidas con especial atención en todo el mundo debido al peso económico, político y militar del gigante norteamericano y las consecuencias, directas o indirectas, que esto conlleva para el resto del planeta y especialmente para América Latina. .

Una hipotética victoria de Joe Biden y su compañera de viaje, Kamala Harris, llevaría a reconstruir los puentes que Donald Trump ha roto a lo largo de cuatro años de presidencia llenos de heterodoxia, proteccionismo y polémica. En América Latina, tradicionalmente considerada el “patio trasero” de Estados Unidos, no será menos.

Desde el inicio de la legislatura en 2017, el planteamiento de la Administración Trump en la región se ha caracterizado en esencia por dos factores: por un lado, una ruptura con la administración de Barack Obama, deshaciendo varias de sus líneas estratégicas y endureciendo el tono. . y las formas considerablemente; por otro, un alejamiento de la diplomacia tradicional y una enorme torpeza geopolítica que ha llevado a otros actores, como China o Rusia, a tapar los huecos dejados por los norteamericanos.

Una política regional agresiva

En consonancia con su carácter, Trump ha seguido una política exterior agresiva hacia sus pares continentales, con una agenda basada en “recompensas y castigos”. Tal es el caso de sus relaciones con Cuba. El deshielo iniciado por Obama fue un paso adelante en la relación histórica entre los dos estados, que permitió una migración más flexible y una boca de aire para la maltrecha economía cubana, donde el turismo tiene un peso considerable. Con la imposición de un tope monetario a las remesas, las nuevas sanciones, la limitación de los viajes turísticos a la isla y la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, el actual Gobierno buscó el voto de las comunidades cubanas, clave en estados como Florida.

Después de Cuba, fue el turno de Venezuela. Con Maduro enrocado en Miraflores y Juan Guaidó actuando como punta de lanza, Washington y el oponente venezolano entraron en un proceso de retroalimentación donde el apoyo financiero del primero fue compensado por un “portavoz” de los intereses estadounidenses en el corazón del país. Aunque Guaidó ha perdido fuerzas desde su proclamación, el apoyo norteamericano ha sido considerable estos dos años: financiamiento de sus políticas, duras sanciones a altos funcionarios chavistas e incluso la aceptación de su representante en la OEA. Incluso se consideró una intervención armada con la activación del TIAR en el organismo regional, pero el inicio de un conflicto armado es una línea roja para la Casa Blanca.

Donald Trump con Juan Guaidó en la Casa Blanca, 5 de febrero de 2020.

En materia económica, Trump cumplió lo que prometió: renegociar o abandonar los tratados de libre comercio. El TPP (Acuerdo Transpacífico), del que también forman parte Perú y México, fue retirado definitivamente. Con la renegociación del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), concretó un acuerdo a su medida, el T-MEC, con el que aseguró una menor movilidad de fábricas a México, la revisión de las mismas cada seis años y la introducción de modificaciones en capítulos dedicados a la corrupción o el medio ambiente.

La migración ha sido otro de los objetivos de Donald Trump. Gracias a la criminalización de los inmigrantes, independientemente de su condición jurídica, se los ha utilizado como arma electoral y polarizadora. En concreto, chantajeó a López Obrador con un aumento de aranceles si no frenaba las cadenas migratorias de Centroamérica. Esto aseguró la subcontratación del control migratorio y el desplazamiento de la frontera miles de kilómetros al sur del Río Grande. Asimismo, y en contra del derecho internacional, devolvió a los solicitantes de asilo guatemaltecos, hondureños y salvadoreños a sus países, alegando que podían ser considerados “terceros países seguros”.

Finalmente, la presión diplomática ha sido clave para posicionar a personas alineadas con los intereses del país al frente de las organizaciones regionales. Este es el caso de la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA, quien ha sido criticado por su falta de ecuanimidad y sus excesos sobre Venezuela mientras se mostraba laxo en temas como el trato migratorio en Estados Unidos o la salida abrupta de Evo Morales de Bolivia. Polémico también ha sido el nombramiento de su exasesor Mauricio Claver-Carone al frente del BID, con el que se ha roto un pacto tácito de décadas según el cual la presidencia de este organismo debería ser ocupada por un latinoamericano. Con este cargo, Trump se afianza un aliado en la institución encargada de financiar importantes proyectos de desarrollo económico y social en la región.

Día inaugural de la presidencia de Luis Almagro Lemes en la OEA, 26 de mayo de 2015.

El enfoque democrático

La América Latina en la que se encontraría Biden sería una región totalmente devastada por la pandemia de coronavirus. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, no se espera una recuperación en los próximos años. La caída del PIB latinoamericano en lo que va de año alcanza el 9,1%, mientras que el número de personas en situación de pobreza aumentará en 45,5 millones a 230,9 millones, el 37,3% de la población total, en 2020.

Con tal perspectiva, la principal amenaza para Estados Unidos es la creciente influencia de China y, en menor medida, Rusia. La necesidad de financiamiento sumada a la voraz búsqueda de materias primas por parte del gigante asiático obligaría a los demócratas a impulsar un enorme ejercicio de multilateralismo, diplomacia y financiamiento para ser la opción más atractiva para el futuro.

Algo similar ocurre con Cuba y Venezuela, que seguirán siendo temas prioritarios independientemente del ganador. Respecto al primero, Biden ha dejado claro que quiere retomar la política de acercamiento de Obama y restablecer las relaciones económicas. Lo contrario sería un recrudecimiento que conduciría a lo que fue Cuba el siglo pasado: un estado satélite de potencias extranjeras ya pocos kilómetros de Miami.

Obama con Raúl Castro durante su visita a La Habana el 22 de marzo de 2016, Pablo Martinez Monsiváis / AP

En el caso de Venezuela, Biden ha calificado a Maduro de “dictador” y ha apoyado públicamente a Guaidó, sugiriendo que su conducta no se alejará demasiado de la de Trump. Es probable que su tendencia al multilateralismo lo lleve a apoyar y participar más activamente en las acciones del Grupo de Lima, el Grupo de Contacto Internacional y las conversaciones de paz que Noruega promovió sin éxito. Más allá de eso, se mantendría la condena al régimen chavista y las sanciones, pero sin la amenaza del uso de la fuerza, como indicó Kamala Harris.

Todo lo relacionado con la inmigración es otro asunto. La solución no es sencilla y tampoco llegaría a corto plazo, ya que se arraiga en terceros países y en factores socioeconómicos crónicos. Por el momento, se mejoraría la seguridad jurídica manteniendo el programa DACA para soñadores y la extensión del TPS a inmigrantes venezolanos si los escaños en el Senado acompañan al Ejecutivo. De igual forma, determinadas prácticas que realiza el ICE en todo lo relacionado con el trato en los centros de detención y la caza indiscriminada de personas en situación irregular podrían modificarse para no incurrir en violaciones de derechos humanos.

Más allá de sus fronteras, Washington debe cooperar y apoyar a los estados emisores a través de canales diplomáticos y multilaterales en lugar de utilizarlos como prisiones subcontratadas bajo amenaza. Biden y Harris anunciaron un plan de inyección de $ 4 mil millones para Centroamérica con el fin de mejorar la situación socioeconómica en ellos. Paralelamente, su programa electoral incluye la construcción de infraestructuras y el fomento de la inversión extranjera como solución para mejorar el desarrollo económico en el Triángulo Norte, así como para combatir la corrupción, reducir la inseguridad y garantizar el acceso a la justicia.

Algo similar se espera de las relaciones bilaterales con México. El discurso sería mucho más cálido, sin amenazas ni chantajes, y la cooperación sería más profunda pero también más heterogénea, dando especial importancia a la parte laboral y ambiental. Aunque el T-MEC no parece amenazado por un cambio en la Casa Blanca, los demócratas exprimirían los capítulos laborales de la misma para acabar con los abusos sindicales en el país y pedirían explicaciones por la cancelación de contratos energéticos con empresas estadounidenses.

Aquí los caminos divergen considerablemente: Biden propone un plan de apoyo a las energías limpias, mientras López Obrador busca la autosuficiencia energética a través de la producción de hidrocarburos. El rescate de Pemex, el mejoramiento de seis refinerías, la construcción de una nueva en Dos Bocas y el aumento de la exploración apuntan a esto y podrían provocar más de un roce con la presidencia demócrata.

Tampoco perdamos de vista que durante lo que resta de 2020 y durante el próximo año se realizarán elecciones en prácticamente todos los países de la región si la pandemia lo permite. Serán generales (Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú), parlamentarios (Argentina, México, Venezuela) e incluso habrá un referéndum constitucional en Chile. Las encuestas decidirán si América Latina inicia un nuevo giro a la izquierda, como lo hizo hace dos décadas, o si, por el contrario, se mantienen las presidencias conservadoras de las que se ha beneficiado en gran medida la administración Trump.

En cualquier caso, Biden no debería perder de vista la enorme influencia de China en muchos de estos estados y más en tiempos de necesidad económica. De ahí que una hipotética victoria demócrata busque reformular las relaciones con sus vecinos del sur y generar nuevas oportunidades en un escenario de reconstrucción pospandémica más allá de las simpatías personales o las ideologías imperantes.

Como señaló Robert Kaplan, Estados Unidos vive hoy en un momento posimperial. Cualquier presidencia estadounidense con la pretensión de liderar el nuevo orden internacional -y Biden aspira a hacerlo en contraposición al retroceso realista de Trump- deberá distanciarse de la hegemonía tradicional en su política exterior, pero sin caer en la indiferencia. Promover el multilateralismo en horas bajas, pero sin diluirse en una multipolaridad creciente. En definitiva, seguir manteniendo su influencia en América Latina adaptándose a las nuevas circunstancias políticas y económicas que están marcadas, en parte, por otras potencias. Los resultados son inciertos. Se abren las apuestas.

Este artículo fue publicado originalmente en Foreign Affairs Latin America.

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