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¿Pueden todos los estudiantes de secundaria encajar dentro de las distancias determinadas por las administraciones?

PABLO GUTIÉRREZ DE ÁLAMO // La presencia debe ser absoluta. Tras un curso ensayando blended learning en los últimos años de secundaria y bachillerato y dadas las cifras de la pandemia, el objetivo del Ministerio de Educación y FP y los ministerios autonómicos es que todos los alumnos puedan volver al aula con normalidad este septiembre. Para ello, finalmente se fijaron las medidas mínimas a cumplir a finales de agosto, es decir, una distancia de 1,2 metros entre niñas y niños.

De esta manera, parece que querían asegurarse de que, con las proporciones actuales, todos pudieran regresar a las aulas de manera segura. No se ha tenido en cuenta el tamaño de muchas de las clases en los institutos públicos de todo el país, por lo que a septiembre no pocas direcciones han constatado que no caben todos los alumnos en el aula y que no tienen otros espacios. disponibles, o no tienen suficientes profesores para usarlos.

La Comunidad de Madrid envió unas instrucciones para el inicio del curso en las que el planteamiento para el escenario 1, es decir, presencia total, no indica cómo deben proceder los equipos directivos. Como denuncia CCOO en la Región, hay muchas aulas de 30 metros cuadrados en las que es imposible que con ratios de 30 alumnos, o incluso de 38 en algunas escuelas secundarias, se mantengan las medidas sanitarias básicas. De momento, desde Educación no ha habido salida. No hay intención de aumentar la fuerza laboral debido a la pandemia a pesar de que la comunidad, según cálculos de CCOO, recibirá 500 millones.

Fuentes del Consejo Comunitario de Educación aseguran que la información sobre decenas de centros que solicitan estas instrucciones es falsa y que solo recibieron, en el mes de julio, 17 comunicaciones al respecto y que estas fueron atendidas satisfactoriamente en su momento.

Raimundo de los Reyes, director retirado y presidente de Fedadi, la federación que aglutina a directivos de público, asegura que lo que ocurre en Madrid también está sucediendo en algunos centros de su Comunidad, Murcia. Dependiendo de la ubicación de los centros, su construcción y las asignaturas impartidas en los grupos, hay profesores cuyas clases no se ajustan a todos los alumnos si se deben mantener las normas sanitarias pactadas en la última Jornada Sectorial.

Para este director, entre los diferentes problemas que se están presentando está el hecho de que algunas autoridades educativas están tomando sus propias decisiones fuera de la salud. De los Reyes insiste en la idea de que estos últimos son los que marcan las pautas y los que deben brindar los medios para que se cumplan. Lo comenta en relación a la información publicada sobre la posibilidad de que la Consejería de Educación murciana estuviera estudiando la posibilidad de que las mascarillas no sean obligatorias durante el recreo.

El pasado jueves mantuvieron una reunión con la ministra de Educación, Pilar Alegría, en la que, entre otros asuntos, se habló del reparto de los fondos extraordinarios que el Gobierno traspasará a las comunidades autónomas en las próximas semanas. El hecho de que dicho dinero no sea finalista supondrá, a su juicio, que algunos territorios como Murcia o Madrid, no inviertan en contratar personal docente suficiente para dividir grupos y atender, en condiciones seguras, a todos los alumnos y profesores. “Habrá una porción significativa de aulas en las que no podrán cumplir” la distancia social de 1,2 metros, dice. Ante esto, De los Reyes cree que si se hubiera contratado suficiente apoyo y refuerzo de maestros, se habría facilitado.

Comenta que, en la Región de Murcia, Educación ha explicado a los directivos que si tienen problemas para cumplir con la normativa sanitaria, deben influir en los planes de contingencia que deben tener todos los centros. Además de la financiación extraordinaria que proviene del Gobierno, no están seguros de poder utilizar algo para la Educación.

Desde Andalucía, Miguel Dengra, presidente de la directiva, cuenta situaciones similares. En escuelas con ratios de 30 o 32 alumnos, será difícil mantener la distancia de 1,2 metros. “Será el gran desafío”, asegura. Sabe que Educación contratará a unos 5.000 profesores de primaria y secundaria para realizar estos apoyos, aunque aún hoy no sabe cuántos irán a los institutos. Explique que el compromiso del Ministerio es dar a conocer, al menos, los criterios de asignación de esta plantilla, para que los institutos se hagan una idea aproximada de cómo se pueden organizar estas primeras semanas de trabajo.

Nadie es responsable

La responsabilidad de los centros educativos de poder o no cumplir la normativa acordada por las administraciones públicas es, finalmente, uno de los obstáculos importantes. Nadie parece tener claro qué entidad pública es la responsable última de que esto sea así.

Desde el Ministerio de Educación y FP se recuerda que los acuerdos alcanzados en las jornadas sectoriales son de obligado cumplimiento, incluso para aquellas comunidades autónomas que no los hayan firmado. Asimismo, fuentes del Ministerio de Sanidad insisten en que las medidas han sido pactadas sin mayor problema por las distintas administraciones. A lo que se suma el hecho de que la salud y la educación son políticas transferidas, es decir, que la gestión, más allá de las líneas generales, es puramente autónoma.

En todo caso, ambas fuentes aseguran que ninguno de los ministerios tiene la capacidad o autoridad para monitorear y evaluar que se estén cumpliendo las medidas de seguridad en los centros educativos. Y aunque podrían hacerlo, tampoco tienen poder sancionador en el momento en el que finalmente se vulneran.

Al final, parece que, si hay un problema de contagio en un centro educativo, quedaría en manos de las familias o los profesores el tener que tomar las medidas necesarias, a través de los tribunales, para encontrar a los responsables de estos incumplimientos.

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