Foreign Policy

MONGOLIA: una sentencia injusta e inoportuna

Los altos tribunales españoles han vuelto a tomar una decisión TOP, propia del extinto (?) Tribunal de Orden Público. Condenar la revista satírico-informativa Mongolia de pagar 40.000 euros al ex torero y actual figura pública Ortega Cano por violar su derecho al honor al utilizar su imagen con fines publicitarios sin su consentimiento. Mongolia había elaborado un cartel para anunciar un evento en Cartagena en el que Ortega apareció como un extraterrestre, con un par de menciones de vino.

La frase no debería sorprendernos. Este es un caso más de la particular forma de entender la libertad de expresión y la crítica por parte de los poderes del Estado en España, tan particular que no simpatiza con los modos del mundo occidental y civilizado al que se enorgullecen de pertenecer, pero más bien con su aplicación descuidada en los márgenes extremos de ese mundo. Pero, además, la condena de Mongolia es reveladora de la capacidad de los intérpretes de las leyes para hacerlas dúctiles, maleables y ajustadas a la ley correspondiente.

Es curioso que alguien como el ex-torero, cuya vida y milagros son un ingrediente de la sopa mediática dominante en la que también se cuecen los de sus socios, ex socios, descendientes con sus respectivos socios y ex socios, con uso económico de todos ellos, recurren al honor empañado (y los 40.000 euros que lo reparan) por un cartel expuesto en las calles de una ciudad de 200.000 habitantes.

Pero es aún más curioso que el sistema judicial (Tribunal Supremo, Juzgado de Madrid, Juzgado de Alcobendas) considere “publicidad” el uso de la imagen de un personaje público con fines satíricos. Con el mismo estándar de publicidad por su desgracia, Ortega podría haber demandado a los medios de comunicación que publicaron su condena a 2 años de prisión por provocar un fatal accidente de tránsito bajo los efectos del alcohol. O cualquier personaje retratado desfavorablemente en un meme podría solicitar protección legal.

Como Plataforma de Medios Independientes, unidos por el único interés de considerar al periodismo como un servicio público, no solo condenamos una frase que creemos equivocado, inoportuno e injusto, Más bien, solicitamos la derogación, tantas veces prolongada, de toda normativa que limite claramente la libertad de expresión, incluido el inexistente -salvo en la legislación española- el derecho a sentirse ofendido.

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