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Los desalojos se triplicaron en el segundo trimestre

A pesar de las medidas de protección y el “escudo social” del Gobierno, los desalojos siguen creciendo. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales crecieron un 253,2% en el segundo trimestre de este año en relación al mismo periodo de 2020, según datos publicados este 7 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este incremento, el más alto de los últimos cuatro años, los desalojos por no poder pagar la hipoteca llegaron a 3.243 en estos meses, según la agencia.

También están creciendo los nuevos procesos de desalojo de hipotecas. En este segundo trimestre se iniciaron 9.723 ejecuciones hipotecarias, un 18,1% más que en el primer trimestre del año. La cifra que representa un crecimiento del 79,3% respecto al mismo período del año pasado.

Entre las causas de este gran crecimiento, desde el INE señalan que en el segundo trimestre de 2020 se congelaron la mayoría de los procesos judiciales, incluidos los embargos.

Según las estadísticas del INE, Andalucía lidera la lista de ejecuciones hipotecarias, con un total de 1.349. Le sigue el País Valencià con 1.191, Catalunya, con 1.175 y la Comunidad de Madrid con 530.

Desde la PAH instan al Gobierno a cumplir sus compromisos y desbloquear una Ley de Vivienda que previene los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional y regula el precio de los alquileres

Desde la Plataforma para Afectados por Hipoteca creen que el problema va mucho más allá. La prórroga de la moratoria de las medidas anti-desalojos hasta el 31 de octubre no ha impedido que la crisis generada por el covid-19 y una crisis habitacional no resuelta tras la crisis de 2008 se apodere de las familias más vulnerables. Como prueba de ello, los 10.961 desalojos – contando también los relacionados con el impago del alquiler, que suponen más del 60% – que se produjeron en el primer trimestre de 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Si bien esta moratoria ha evitado muchos desalojos de familias vulnerables, señalan, es “completamente insuficiente”, deja a miles de familias necesitadas sin protección y, “lo que es más grave, mantiene una redacción tan confusa y poco contundente que no impide que miles de familias se queden en la calle ”, denuncian desde el grupo.

Pese a las deficiencias de la ley, la PAH exige que esta moratoria se extienda más allá del 31 de octubre y sea indefinida para evitar un “tsunami” de desalojos que podría afectar a más de 79.000 familias. “No podemos permitir que nos dejen en las calles en medio de una pandemia mundial, en un momento de crisis económica y de salud. Cuando los bancos, los fondos de inversión y las empresas eléctricas no dejan de lucrar, no podemos aceptar ni un segundo que familias vulnerables sin alternativa de vivienda se vean amenazadas cada cierto tiempo que se va a acabar el plazo y pueden ser expulsadas de sus hogares sin ningún tipo de problema. protección ”, dicen desde la PAH.

Por la misma razón, instan al gobierno de coalición a cumplir con sus compromisos y desbloquear una Ley de Vivienda que previene los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional, regula el precio de los alquileres y reconoce la vivienda con un derecho inalienable.

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