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Los cobradores de Endesa irán a juicio por acoso y usurpación de funciones públicas

No existen precedentes para la admisión a trámite de una denuncia de este tipo. La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) ha conseguido que la titular del Juzgado de Instrucción no 5 de Barcelona investigue si la empresa DPS Consulting cometió delitos de usurpación de funciones públicas, actuación arbitraria de derecho propio y coacción cuando la ejercía Presión sobre Yolanda, una vecina de Cubelles, para exigir el pago de su deuda con Endesa.

Yolanda es una de las personas que recibe mensajes, llamadas -hasta varias al día- y cartas de las empresas de cobranza que trabajan para Endesa. La diferencia es que Yolanda comenzó a grabar esas llamadas, que fueron aumentando en tono y agresividad, y las llamó la atención de la Alianza contra la Pobreza Energética.

Durante estas llamadas, los trabajadores de DPS, supuestamente haciéndose pasar por funcionarios judiciales, informaron a Yolanda que su caso estaba en la corte y que le iban a quitar el medidor de electricidad. Le instaron a pagar su deuda de 2.000 euros y le dijeron que si no lo hacía, todas sus cuentas e ingresos, incluidas las prestaciones sociales, serían confiscados en los tribunales.

María Campuzano, portavoz de APE, señala que Endesa “conoce perfectamente” las prácticas de oficinas como DPS, que trabajan para otros operadores como Naturgy o Agbar. “Es un acoso que se da a cientos y miles de familias”, denuncia Campuzano.

Además de denunciar el caso concreto de esta barcelonesa, la Alianza contra la Pobreza Energética quiere que este hecho ayude a Endesa a dejar de subcontratar a este tipo de despachos. La APE ha lanzado una campaña de crowdfunding a través de Goteo para financiar los costes de la demanda. Según explican, la sentencia se puede retrasar hasta un año y medio.

Sin soluciones globales

Las grandes empresas proveedoras, nacidas de procesos de privatización en las últimas décadas del siglo XX, han presionado al Gobierno en las últimas semanas para que no repita la moratoria sobre recortes que fue aprobada mientras estaba vigente el primer estado de alarma de 2020 En la actualidad, la situación de las familias es “de total desamparo”, indica María Campuzano. No existe protección para los hogares en casos de cortes de agua y gas y los cortes de luz están restringidos a casos muy específicos.

Desde el APE insisten en que el Gobierno recupere la moratoria o, en todo caso, establezca un período de gracia hasta que haya un cambio legislativo. Exigen que se incluya un “principio de precaución” para evitar recortes unilaterales por parte de proveedores sin consulta previa a los servicios sociales sobre la vulnerabilidad de los hogares y que se prohíban los recortes si no se realiza dicha consulta o si el resultado de la consulta así lo establece. Este principio de cautela está en vigor desde 2015 en Cataluña pero no existe una ley similar para el conjunto del Estado.

El acceso a la luz, el agua y el gas es una necesidad fundamental, sobre todo en épocas de pandemia, “en pleno invierno, no podemos permitir que la gente no tenga acceso a estos suministros”, concluye Campuzano.

Hasta la fecha, United We Can no ha logrado que su socio de gobierno, el PSOE, apruebe una prórroga de la moratoria a los cortes de suministro durante el segundo estado de alarma. Una de cada diez personas sufre pobreza energética en España, según datos del Ministerio. El 16% afronta un gasto en suministros desproporcionado en relación con sus ingresos.

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