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Ley de la eutanasia: claves para hacer efectivo el derecho a una muerte digna

El pasado jueves 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la Propuesta de Ley Orgánica para la regulación de la eutanasia, en la que el presidente de la Asociación Derecho a Morir con Dignidad (DMD), Fernando Marín, considera un “paso de gigante en la conquista de la justicia civil derechos “. “Es un triunfo del movimiento ciudadano y de la sociedad española y también un acto que te reconcilia con la política, que trae esperanza, como pasó con la ley del matrimonio igualitario”, dice Marín.

Con 198 votos a favor -los de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Cs, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y otras formaciones territoriales- el texto siguió adelante a pesar de los 138 votos en contra y las dos abstenciones, y tras una vehemente defensa de la socialista María Luisa Carcedo. Ahora, el Senado debe apoyar su tramitación para que la ley entre en vigencia a lo largo de 2021.

“El texto de la propuesta de ley es un avance muy importante en un asunto de enorme trascendencia y siempre controvertido como es el hecho de solicitar ayuda para morir”, agrega Carlos Barra, médico y miembro de la Plataforma Ciudadana Luis Montes, además de miembro del DMD. “Habrá quien diga que es insuficiente y hay gente que desearía que este derecho nunca hubiera aparecido; lo que se ha recogido es el mayor consenso posible en la actualidad ”, explica a El Salto.

Carlos Barra: “Habrá quien diga que es insuficiente y hay gente que desearía que este derecho nunca hubiera aparecido, pero lo que se ha recogido es el mayor consenso posible hoy”

Para Marcos Hourmann, el primer médico condenado por eutanasia en España y que contó su historia en el espectáculo teatral Celebra mi muerte, “representa un gran avance no solo para este país sino para el mundo”. Porque este texto ofrece “una garantía para las personas que, ante una enfermedad incurable o una condición incapacitante, cuando el sufrimiento es insoportable y con todas las garantías de la libertad individual, puedan adquirir este beneficio”.

La Propuesta de Ley Orgánica para la reglamentación de la eutanasia representa la culminación de un proceso que se inició en 1984, año de Constitución del DMD, en el que la demanda social por una muerte digna aún era tímida. En 1998, la muerte del gallego Ramón Sampedro conmocionó a la opinión pública. Yn la historia del movimiento ciudadano por la muerte digna, Carlos Barra marca otro hito: el caso Severo Ochoa, que comienza con una denuncia anónima contra 15 médicos del hospital público de Leganés (Madrid), acusados ​​de haber cometido 400 homicidios en el servicio de urgencias.

María José Carrasco, Maribel Tellaetxe o Juan Antonio Arrabal son otros nombres propios en una historia que hoy refleja el texto de la ley. Sus casos motivaron una campaña que culminó con la recolección de un millón de firmas que los familiares de estas personas enviaron al Congreso en julio de 2019. La ley aprobada se convertirá a España en el cuarto país europeo y el sexto del mundo con un regulación de la muerte digna, después de Holanda, Bélgica, Canadá, Luxemburgo y Nueva Zelanda.

Fernando Marín, Carlos Barra y Marcos Hourmann reflexionan sobre algunas dificultades que esta ley puede presentar en su aplicación, como los requisitos del proceso, las comisiones a nombrar por los gobiernos autónomos o la objeción de conciencia.

Una garantía pero un proceso complejo

Para Hourmann, el procedimiento de solicitud de ayudas para morir es “complejo”. Con esa palabra, el médico se refiere a un procedimiento en el que un paciente que ha tomado la decisión de dar de alta la ayuda para morir tiene que confirmarlo repetidamente en un proceso en el que intervienen varias personas en distintos momentos.

Según el texto, el paciente debe realizar dos solicitudes de forma voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre los dos – periodos que se pueden acortar aunque el médico considere que existe un riesgo inminente de pérdida de la capacidad de dar consentimiento informado. Una vez recibida la primera solicitud, el médico responsable, en un plazo máximo de dos días, realizará un proceso deliberativo con el paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperados, así como sobre posibles cuidados paliativos, hecho que se repetirá después de la segunda solicitud. . Después de este proceso, se le preguntará nuevamente a la persona si desea retirarse o continuar con su solicitud. El médico responsable deberá entonces consultar el caso con un “médico consultor”, quien tendrá un plazo de 10 días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.

En total, este proceso debe durar 40 días en los que el paciente que ha manifestado su deseo de solicitar ayuda para morir tiene que ratificar hasta cinco veces

En total, este proceso debe durar 40 días en los que el paciente que ha manifestado su voluntad de solicitar ayuda para morir tiene que ratificar hasta cinco veces. “Espero que en la práctica se pueda hacer de manera ágil”, dice este médico, quien señala que en países con una mayor tradición de regulación de la eutanasia, dice Hourmann, el proceso es más sencillo.

Fernando Marín llama la atención sobre otra característica de este procedimiento: incurre en contradicción, argumenta, ya que la ley se basa en un supuesto ”.reconocimiento de la autonomía de la persona en el campo de la salud ”, pero la práctica “Sospecha del pedido de morir y de la profesionalidad de las personas involucradas, porque lo somete a controles extraordinarios que no existen en ningún campo de la medicina”, explica este médico, que también se refiere a los países europeos que lo han regulado. Hay que documentar el proceso, por supuesto, y hay que consultar a terceros, pero el procedimiento que contempla el texto, en tu opinión, “Surge del prejuicio de que una persona que pide la muerte lo hace en base a un hecho”.

Comisiones en manos de las Comunidades Autónomas

El proyecto de ley introduce una figura denominada Comisión de Garantía y Evaluación, que define en el Capítulo V. Debe existir una de estas comisiones en cada una de las comunidades autónomas, formada por un equipo multidisciplinar de siete miembros, entre médicos y juristas. Esta comisión será creada por los respectivos gobiernos autónomos y serán estos quienes determinarán su régimen legal, especifica el texto. Esta comisión tiene la función de resolver las quejas de los pacientes a los que se les ha negado la eutanasia y también de verificar si se ha seguido el procedimiento una vez realizado.

Desde la DMD, Marín advierte de los problemas que puede ocasionar esta comisión y ante los que la ciudadanía debe estar atenta. “Hay comunidades autónomas muy grandes como Andalucía, o con una gran población como la Comunidad de Madrid o Cataluña, donde esta comisión tendrá mucho trabajo y no tenemos claro que vaya a poder dar respuesta eficaz a la demanda., Explique. Por otro lado, dado que serán nombrados por los gobiernos autonómicos, “en un estado de las autonomías que en ocasiones no es fiel a la ley, nos preocupa que puedan servir como forma de poner palos en las ruedas. “

Marcos Hourmann llama la atención sobre una de las funciones de esta comisión: la de realizar una evaluación posterior. “Me preocupa que alguien venga a decir después que faltaba un papel”, justifica. Hourmann entiende que debe haber un control previo exhaustivo, donde varios profesionales certifican la voluntad del paciente.

Objeción de conciencia

El texto también regula el derecho del personal de salud a la objeción de conciencia, que define como “un derecho individual de los profesionales de la salud a no atender aquellas demandas de acción sanitaria reguladas en esta Ley que sean incompatibles con sus propias convicciones”. “No debemos anticiparnos a problemas que ni siquiera ocurren ”, explica Marín, quien espera que el sector anti-eutanasia respete la ley.

Sin embargo, existe un precedente, el de la ley del aborto, que hace razonable la preocupación de que la objeción de conciencia se convierta, de facto, en una denegación de servicio. “YEsperemos que no se produzcan campañas en este sentido, porque la conciencia es individual, no pertenece a un grupo ”, apunta Marín.

La Asociación Derecho a Morir Dignidad espera que la objeción de conciencia no se convierta en una denegación de servicio en salud pública, como de hecho ocurre con el derecho al aborto.

La situación, argumenta este médico, es diferente. En primer lugar, porque el apoyo a la regulación de La eutanasia es mayoritaria entre los profesionales médicos, como demuestran las encuestas recientes entre miembros de diversas comunidades autónomas.

Pero también, porque el proceso es diferente: “NORTEo se trata de un acto quirúrgico, la infraestructura que se necesita brindar para ayudar a morir es mínima: es técnicamente simple aunque tiene una carga emocional y una toma de decisiones compleja ”, dice Fernando Marín.

Ampliar el derecho a una muerte digna

Los tres médicos coinciden en que, si bien la ley debe celebrarse, el texto aprobado tiene margen de mejora ya que, señalan la ley deja a un lado parte del problema. Menores de ESAD, personas con afecciones graves provocadas por enfermedad mental o vejez son algunos de los mencionados. “Hay tres países, dos de Europa que tienen una amplia experiencia en leyes que regulan la eutanasia, como Holanda y Bélgica, donde ahora hay casos de supuestos que no están incluidos en la ley y exigen ayuda para morir ”, dice Carlos Barra. quien insiste en que el texto sí incluye la gran mayoría de los casos en los que se solicita auxilio de muerte, y todos los casos que la sociedad ha conocido estarían cubiertos por este texto.

Puente de Manzanares

“Existe una correlación entre lo que dice la ley y las demandas sociales. ¿Puede haber más suposiciones mañana? La sociedad española tendrá que decirlo ”, concluye.

Sobre si el texto de la ley es el que A Montes le hubiera gustado, responde: “SíSoy un amigo cercano de Luis Montes, viajé con él por muchos lugares defendiendo el derecho a una muerte digna yCreo que Luis estaría contento porque es un paso adelante ”, explica. Ahora sí:” La sociedad avanza a pasos, y ninguno es definitivo: creo Luis estaría feliz y pediría más. Y yo también”.

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