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Las cifras que “nadie” le ha enseñado a Fernando Cruz: Así es como la situación fiscal presiona las bonificaciones

Los incentivos del Poder Judicial en 2021 serían suficientes para cubrir dos tercios del 0,6% del PIB que el gobierno necesita completar ante el FMI

(CRHoy.com) Disfruta de su salario íntegro sin rebajas por reducción de horas, su bonificación tampoco sufrió rebajas y a diferencia de muchos costarricenses que en 2020 perdieron su fuente de ingresos, los de Fernando Cruz estuvieron asegurados por al menos ocho años más, luego de ser reelegidos el pasado mes de octubre como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

La realidad de Cruz no es la misma para los miles de costarricenses y empresas que este 2020 se han visto afectadas por la crisis, pues a pesar de ello, desde que apareció la primera propuesta de gobierno ante la Fondo Monetario Internacional (FMI) viven bajo la amenaza de nuevos impuestos.

Y aunque el presupuesto no alcanza para financiar todos los gastos del Estado -incluido el Poder Judicial y sus sueldos- el representante del Sala Constitucional Tiene su propia visión del déficit fiscal y el peso de algunos de estos gastos, especialmente el de las bonificaciones salariales. Estas fueron sus palabras este martes:

¿Dónde están las cifras que dicen que eliminar las bonificaciones solucionará el déficit fiscal? ¿Quién ha manejado esas cifras? Si eliminamos las bonificaciones, ¿dejamos de tener déficit fiscal? No me lo han dicho ni a nadie más, pero en cualquier caso ese no es el problema porque el Tribunal no está defendiendo las bonificaciones.

¿Cuáles son esas cifras? ¿Las bonificaciones salariales realmente afectan la situación fiscal del país?

Lo primero que hay que entender para ver si se cumple esta premisa es establecer cuánto representan las bonificaciones con respecto al gasto.

Una búsqueda rápida en el sitio de la Contraloría General de la República revela el dato: Con los montos del presupuesto ejecutado a octubre, todo el gobierno central había gastado ₡ 775 mil millones en incentivos y ₡ 811 mil millones en salarios básicos. Una proporción del 39,5% frente al 41% de los gastos.

En el Poder Judicial la proporción fue inversa: ₡ 94.656 pagados hasta octubre en sueldos básicos (32% del gasto) frente a ₡ 131.046 millones en incentivos (44,3%).

Más, déficit y FMI

Para medir el gasto que representan los bonos con los problemas fiscales del país, se puede tomar como punto de partida el tamaño de la propuesta que el gobierno propone llevar al Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la cual -afirma- traerá sostenibilidad. a las finanzas alcanzando un superávit primario para 2023.

Según la carta enviada por el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, el 10 de diciembre, el gobierno necesita reducir el gasto público en el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Actualmente, cada punto del PIB ronda los ₡ 348 mil millones. Significa que un poco más de 1 millón de millones de colones del presupuesto estatal cada año.

Si se hubieran podido utilizar todas las bonificaciones salariales pagadas hasta octubre para reducir este déficit, se habrían alcanzado las tres cuartas partes de la meta. Pero esto no puede ser tan directo. La cifra del bono debe restarse de derechos legales como el salario escolar y el bono navideño, que representan en promedio alrededor del 25%. Implica que lo que se utilizó en octubre en realidad equivaldría a la mitad del problema total.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Llegó a intentar poner un tope al crecimiento desmedido de las bonificaciones como las rentas vitalicias, la dedicación exclusiva y el ejercicio liberal de la profesión para no calcular su incremento como porcentaje del monto global, sino nominalmente.

Según la Contraloría, esto ya redujo la curva de crecimiento, pero no del todo. La tendencia sigue en aumento, tanto que a mediados de este año representó un incremento promedio del 3%, muy por encima de la inflación acumulada del año. que a octubre no superaba el 0,36%.

Ventajas del Poder Judicial

De acuerdo al presupuesto aprobado para 2021, solo el Poder Judicial destinará un total de ₡ 175.303 millones al subtema de incentivos. Si de ese concepto se restan los derechos legales como el bono de Navidad y el salario escolar, el monto disponible para anualidades, restricción a la práctica profesional y otros serán de ₡ 131.111 millones.

Esta será una 1,4% menos de lo presupuestado para este año, de acuerdo con las cifras de agosto reveladas por la Contraloría.

Si se comparan estos rubros con la envergadura de las medidas que el gobierno ha revelado tomar ante el FMI, es evidente que el monto que disfrutarán el próximo año en el Poder Judicial ayudaría mucho a reducir la necesidad de proponer nuevos impuestos por parte del Ejecutivo. .

Según la carta de intención de Villegas, para lograr este ajuste del 3% del PIB anual, o sea, el 5% provendrá de la eliminación de exenciones, 0,2% del aporte de las empresas públicas, 0,09% del impuesto a la lotería, 0,12% del proyecto de renta global y recorte del 1,5%. “Es decir, el 0,6% restante hay que negociarlo con el FMI pero principalmente con las señoras y señores diputados”, reconoció el ministro.

De dónde saldrá ese 0,6% del PIB sigue siendo un misterio y por eso muchos sectores temen que el Gobierno proponga nuevos impuestos.

Para dimensionarlo, este porcentaje equivale a una cantidad cercana a ₡ 209 mil millones. Si se utilizaran todos los incentivos (sin tocar bonificaciones y sueldos escolares) del Poder Judicial, bastaría con cubrir dos tercios de lo que el gobierno tiene que negociar con el FMI y los diputados.

La Asamblea Legislativa tiene aún pendiente la discusión de una reforma a la Ley de Empleo Público para terminar con el esquema de remuneración más incentivos y establecer uno único basado en un salario único.

La propuesta no ha estado lejos de la polémica y el rechazo de los propios magistrados. El 23 de noviembre, el Pleno determinó que esta iniciativa “afecta el funcionamiento” del Poder Judicial y, por lo tanto, requiere 38 votos para ser aprobada.

La resolución fue aprobada con 16 votos y 5 abstenciones. La propuesta fue escrita por el magistrado del Segundo Salón Jorge Olaso.

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