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La justicia no llega a los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres a cinco años de su muerte

En la madrugada del 2 de marzo de 2016, hombres armados ingresaron a la casa de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres. Todas las semanas las personas que se oponían al proyecto de construir una represa en un río sagrado para el pueblo Lenca recibían amenazas y cuatro de ellos ya habían sido asesinados. Para acompañarla, el ambientalista Gustavo Castro también durmió en otra habitación de la casa de Cáceres en La Esperanza (Honduras).

-¿Quién está ahí? Logró decir antes de que le dispararan.

Lo dieron por muerto, pero la bala le había rozado la oreja. No fallaron en su verdadero objetivo: Berta Cáceres se había convertido, con gran proyección internacional, en un serio obstáculo para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que contaba con el apoyo de la élite empresarial del país y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo Holandés y el Finnfund.

La policía hondureña intentó endosar el crimen a sus compañeros de lucha, pero la ola de indignación y la repercusión mundial que tuvo el caso terminó por poner las cosas en su lugar: los intelectuales responsables fueron los directivos de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), la empresa responsable de la presa.

Cinco años después, el caso está lejos de estar resuelto. El 2 de diciembre de 2019, siete personas, dos de ellas vinculadas a la empresa y cuatro al ejército, fueron declaradas culpables y condenadas por el asesinato del cofundador del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Sin embargo, hasta el momento solo el gerente de DESA, David Castillo Mejía, está acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato, a pesar de que el informe del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) apunta a otros altos funcionarios.

Y las autoridades hondureñas no están haciendo lo necesario para garantizar que haya justicia en el caso, denuncia una carta enviada este 1 de marzo a la canciller, Arancha González Laya, por una veintena de organizaciones ambientales y de derechos humanos. Entre ellos, CEAR, Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Calala, Front Line Defender, Mundubat, Entrepobles o Global Witness.

Ante los intentos de la defensa de Castilla Mejía de retrasar el proceso judicial, los firmantes piden que la diplomacia española intervenga para que el Estado hondureño garantice “los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y reparación para la familia Cáceres de Berta”. También piden a González Haya que presione al Gobierno de este país centroamericano para garantizar que el proceso contra Castillo Mejía sea “rápido y exhaustivo”, y que cuente con la presencia de periodistas y observadores.

La impotencia de los activistas de derechos humanos, ambientales e indígenas en Honduras, el país más peligroso para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness, es otro motivo de preocupación para estas ONG. Como se indicó, Honduras aún no ha suscrito el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Materia Ambiental, primer instrumento internacional vinculante que permite la protección de activistas ambientales y defensores del territorio. “La firma del Acuerdo sería un primer paso hacia un camino en el que Honduras respeta y salvaguarda el papel de quienes están en el centro de la lucha contra la inminente crisis ambiental”, señalan en esta carta.

El reconocimiento a la labor desarrollada por Copinh, organización a la que pertenecía Berta Cáceres, así como a la protección de sus integrantes y la del pueblo Lenca, es otra de las peticiones de esta veintena de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas a la Ministra de Estado. Derechos humanos. Exteriores. Mientras avanzaba la investigación por el asesinato de Cáceres, Copinh presentó a la Fiscalía hasta 35 denuncias por agresiones a la comunidad indígena Lenca y ninguna de ellas ha tenido ningún tipo de consecuencia para los presuntos agresores.

El ejército y la élite hondureños

La implicación del ejército en el asesinato de Cáceres, al que pertenecían cuatro de los condenados, está lejos de aclararse. Según Global Witness, el nombre de Berta Cáceres fue incluido en la lista negra por las fuerzas armadas poco antes de su asesinato. Un ex miembro de una unidad de élite del ejército hondureño entrenado por Estados Unidos, entrevistado en The Guardian, afirmó que se les entregó una lista que incluía los nombres y fotografías de decenas de activistas sociales “con órdenes de eliminar todos esos objetivos”. En septiembre, continúa esta ONG internacional, Copinh descubrió a un espía militar que informaba sobre las actividades de la dirección de Copinh.

El propio presidente ejecutivo de DESA, David Castillo Mejía, según Global Witness, era un agente de inteligencia militar y empleado de la empresa estatal de energía. Este exmilitar, implicado en varios casos de corrupción, continuó recibiendo un salario del ejército luego de salir de la institución.

Según un informe de esta organización de derechos humanos, la empresa DESA también tiene importantes conexiones con la élite económica hondureña. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, fue ministro de Gobernación y Justicia. El segundo al mando de la empresa, Jacobo Nicolás Atala Zablah, es vicepresidente del banco BAC Honduras y miembro de “una de las familias empresariales más ricas de Honduras, los Atala”.

La impunidad en el caso Berta Cáceres es una invitación para que las multinacionales recurran a amenazas, ataques y asesinatos como herramientas para deshacer la oposición a los megaproyectos. “La falta de identificación y acusación de todos los responsables del asesinato de Berta Cáceres pone en peligro a otros defensores y deja impunes a los responsables del crimen”, señalan en la misiva dirigida al ministro.

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