Foreign Policy

La derecha clama “libertad” en el debate sobre la Ley Celaá

La diputada del PP Sandra Moneo luce en el Congreso el lazo naranja que simboliza el rechazo de la oposición a la reforma educativa. CONGRESO DE DIPUTADOS

El debate sobre la opinión final del nueva ley de educación terminó con gritos de “¡Libertad! ¡Libertad!” en los asientos de la derecha en el Congreso de los Diputados. Sus exclamaciones, sus enérgicas intervenciones desde el podio y los golpes en las mesas agregaron un ruido intenso a la sesión pero no modificarán el resultado final de la votación: la Ley Lomloe o Celaá (que lleva el nombre de la ministra de Educación, Isabel Celaá) Sigamos adelante con una exigua mayoría de 178 votos a favor, los ya conseguidos por PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, Más País, Compromís y Nueva Canarias.

Los dos puntos fundamentales de fricción son la eliminación del español como lengua vehicular en la enseñanza (algo que ya ocurre en Cataluña desde hace décadas y cuenta con el aval del Tribunal Constitucional) y la modificación de algunos aspectos de la educación concertada. La reacción del ala derecha fue de indignación. “Esta es una ley de ruptura”, afirmó el diputado del PP Sandra Moneo en su discurso. “Certifica la ruptura de nuestro sistema de libertades”, agregó, cuestionando la propia legitimidad democrática de la mayoría del Congreso. Recurriendo a la retórica orwelliana, la formación conservadora afirma que la Ley Celaá busca “asfixiar a quienes no se someten a un solo pensamiento”.

La ministra Celaá no habló en el debate pero sí expresó su satisfacción a la prensa, a la salida de la cámara, por haber logrado la derogación de la LOMCE. Esa ley de educación, patrocinada por José Ignacio Wert en 2013, fue una demostración de fuerza del PP y fue aprobada con todos los partidos de la Cámara en contra. “Esta es una ley modernizadora”, declaró el ministro sobre la norma que la reemplaza. Teníamos un sistema educativo para una sociedad que ya no existe”. Según Celaá, la oposición ha tergiversado las verdaderas intenciones de la ley. Asegura que no hay “no eliminacion del castellano” y que el aprendizaje del idioma oficial del Estado está “perfectamente garantizado”.

La posición del gobierno contrasta con la acalorada polémica que ha desatado Lomloe en la calle. los demostraciones se han multiplicado en la puerta de varios colegios (concertados) de toda España y antes del Congreso, donde se han reunido varios profesionales de la educación (concertados), convocados por la plataforma más plural. Y continuarán todo el fin de semana. La mencionada plataforma también ha habilitado una mesa para recoger firmas en contra de la Ley Celaá. El líder de la oposición, Pablo Casado, marcó el suyo entre los que se oponían a la nueva ley.

Cambios en la educación concertada

Pero, ¿qué cambios en la educación concertada con la nueva ley? Nada de profundidad real. Solo escribe que estas escuelas No pueden solicitar ningún tipo de cuota voluntaria, contribución o donación a los padres.. Al tratarse de instituciones educativas gestionadas desde el ámbito privado (órdenes religiosas, principalmente) pero financiadas con dinero público, está prohibido, por tanto, utilizar esta ventaja para hacer negocios, legítimo reclamo entre las escuelas privadas pero no en las concertadas con el Estado.

La medida ha creado bastante controversia porque este tipo de pagos están muy extendidos entre estas universidades. Se calcula que, de media, los padres ganan 255 euros por alumno al mes a través de este sistema. Su modificación, obviamente, trastorna significativamente la financiación de estos centros, que no han tardado en movilizarse y sacar sus protestas a las calles. Entre los manifestantes, por supuesto, hay muchos docentes preocupados por una posible bajada del sueldo (que ya es menor en comparación con los sueldos que se pagan en la educación pública) y temen, incluso, que sean despedidos.

Como es habitual, una de las voces más beligerantes contra el Gobierno ha sido la del presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Quiero decirle al ministro y quiero decirle a todo el Gobierno de España que tendrá absolutamente [sic] Al Gobierno de la Comunidad de Madrid si tiene la intención de tocar algún tema que le he dicho ”, ha dicho recientemente en referencia a“ la educación concertada, la educación especial y el bachillerato de excelencia. “

El 53,8% del alumnado madrileño estudia en centros públicos, porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional, que es del 67,1%, según datos del Ministerio de Educación. Durante décadas, esa cifra se ha desequilibrado año tras año a favor de la educación concertada. Hay mucho dinero en juego, lo que ha llevado a la movilización de fuerzas conservadoras contra la Ley Celaá.

Quizás fue este aspecto económico del tema lo que hizo que Ayuso se dispersara momentáneamente en su discurso e introdujera frases fuera de contexto en su defensa de la escuela concertada: “Aquí va a haber libertad tributaria, no vamos a subir impuestos a los ciudadanos. ”. Tras el lapso, retomó el hilo y aseguró que en Madrid “habrá libertad educativa”.

Con esa aseveración, Ayuso se refería a otro de los puntos polémicos de la ley, el que habla de obtener un lugar en una escuela. La Lomloe, literalmente, especifica que “cuando no haya plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios de prioridad de existencia de hermanas o hermanos inscritos en el centro“y para el”proximidad de casa o lugar de trabajo de cualquiera de sus padres, madres o tutores legales ”, además de tener en cuenta otros parámetros como los ingresos familiares o la condición de familia numerosa. A ello, desde el Gobierno de Madrid, a través de su presidente, se ha respondido que “los padres van a elegir el tipo de educación y la escuela que quieren para sus hijos”.

“La educación concertada en la Comunidad de Madrid no se toca”, ha subrayado la presidenta madrileña, sin advertir que su declaración de intenciones vulnera el principio de jerarquía normativa que rige el ordenamiento jurídico español.

Entre las cosas que sí tocan, incluso cuando Ayuso predice lo contrario, hay la eliminación de la nota de religión. No sobre la asignatura en sí, que se seguirá impartiendo, sino sobre su evaluación, que no contará para la nota final. Su calificación, por tanto, no afectará al alumno a la hora de solicitar una beca o solicitar el acceso a la universidad.

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