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Justicia ordenó colocar cámaras de seguridad en centro penitenciario

. Archivo CRH

(CRHoy.com) – La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia colocar cámaras de seguridad en el centro penitenciario Jorge debravo, luego de que un preso denunciara que los agentes habían actuado con violencia para intimidarlo durante un registro.

La Sala declaró parcialmente válido el recurso de hábeas corpus presentado por el interno, quien afirmó que el 10 y 11 de noviembre, dos policías de apellidos Guzmán y Rivera Habían entrado a su módulo golpeando los barrotes y las camas con violencia, para intimidarlo, en represalia porque había presentado una denuncia penal en su contra.

En la respuesta a la Sala, los funcionarios y las autoridades penitenciarias alegaron que no hubo ningún tipo de agresión contra el sujeto y que ni siquiera tenían conocimiento de la denuncia, ya que no habían sido notificados.

“Consideran que los agravios planteados por el imputado son especulaciones y argumentos infundados encaminados a socavar la función policial que se realiza en el CAI Jorge Debravo. Afirman que, con base en las molestias del demandante contra un policía penitenciario del centro penitenciario donde se encontraba anteriormente (CAI Luis Paulino Mora Mora), el pupilo ha extrapolado dichos desacuerdos al CAI Jorge Debravo. Afirman que cada vez que las denuncias realizadas por el pupilo son declaradas irrelevantes, la persona protegida está muy disgustada y activa nuevamente los mecanismos de denuncia sobre cualquier acto de manera distorsionada, posicionándose como víctima del sistema ”, indica la sentencia de la Corte.

Sin embargo, la Sala falló a favor de la recurrente, porque el centro penitenciario no cuenta con cámaras de video que puedan garantizar la publicidad de las búsquedas realizados por los agentes de los módulos de privados de libertad, lo que puede derivar en violaciones de los derechos de las personas.

En cuanto a la resolución, los magistrados ordenaron a la Justicia que dentro de 6 meses Debe instalar el equipo de grabación en los módulos y asegurarse de que los videos se conservarán durante al menos un mes. Además, ordenó a la ministra de Justicia Fiorella Salazar y a la directora del centro Adriana Carpio Masís abrir un proceso de investigación contra los agentes, que debe resolverse en un plazo máximo de 2 meses.

“Lo anterior se agrava porque la ausencia de videos en dichos procesos dificulta la investigación de los alegados abusos policiales, lo que a su vez atenta contra el derecho al debido proceso de los privados de libertad, poniendo en riesgo los derechos a la integridad física, salud y vida ”, indica la sentencia del órgano constitucional.

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