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Grupos sociales exigen al ministro Ábalos que cese “la pandemia de desalojos”

Medio centenar de activistas en defensa del derecho a la vivienda se han reunido frente al Congreso de los Diputados este miércoles para exigir “que se acabe la pandemia de desalojos”, señalando al Gobierno y en concreto al Ministro de Transporte, Movilidad como responsable y Agenda Urbana. , José Luis Ábalos, y en ese momento, el secretario de organización del PSOE, quien la semana pasada aseguró que los desalojos estaban prohibidos.

“Cuando el ministro Ábalos asegura en el parlamento que han prohibido los desalojos, miente. Es una pena que no conozca la situación actual de la vivienda. Y siguen diciendo que el mercado se regula a sí mismo. Tienen que ordenar a los tribunales que detengan todos los desalojos sin alternativa habitacional ”, exigió Fernando Bardera, del Sindicato de Inquilinos de Madrid.

El portavoz de la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH), Jorge Aranda, recordó que ante una situación de colapso del sistema de salud, las autoridades piden a los ciudadanos que se queden en casa, pero hay personas a las que no se les permite hacerlo. . “Es inadmisible que en este momento se niegue un derecho fundamental como es la vivienda, poniendo en riesgo la vida de las personas”, dijo Jorge Aranda.

Los colectivos aseguran que durante el pasado mes de junio, cada día, 250 viviendas fueron desalojadas en España. Mientras que en Cataluña la administración cifra en unos 150 desalojos semanales, afirman que este dato está oculto en Madrid.

Los colectivos aseguran que durante el pasado mes de junio, cada día, 250 viviendas fueron desalojadas en España. Mientras que en Cataluña la administración cifra en unos 150 desalojos semanales, afirman que estos datos están ocultos en la Comunidad de Madrid. Y apuntan al consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, por “esconder en la más absoluta opacidad el número de desalojos que se producen en Madrid”. Además, advierten que la situación en la capital es doblemente dramática, ya que la Comunidad de Madrid no tiene una ley de vivienda autónoma, y ​​el parque de vivienda pública es “insignificante y se pone a disposición de los fondos buitre”.

Fernando Bardera criticó al gobierno central por asegurar que el real decreto que da la posibilidad de retrasar los desalojos hasta seis meses, alegando vulnerabilidad por la pandemia, no prohíbe realmente los desalojos. “Simplificaron el mensaje de colgar una medalla, pero no prohibieron los desalojos”, dijo Bardera.

También quisieron recordar que Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya ha sancionado hasta cuatro veces al Estado español por no garantizar el derecho a la vivienda. “Sanciones que pagan todos los españoles”, dice Bardena.

Lavapiés desalojado

Tras la intervención de los portavoces de la PAH y del Sindicato de Inquilinos, han tomado la palabra algunas de las víctimas de los últimos desalojos que se han producido en la capital. “La mitad de las personas detrás de la rueda de prensa tienen un desalojo sobrevolando pronto o ya han sido desalojadas”, dijo Mercedes Revuelta de la Asamblea de Vivienda de Usera.

“Con un hijo pequeño, un albergue durante unas semanas no es la solución. Quiero pagar el alquiler social en función de lo que gano. Arganda es un municipio rico, pero solo tiene 3 viviendas sociales y están ocupadas por una asociación de vecinos y dos clubes taurinos ”

Es el caso de Georgina Danciuc, cuidadora del hospital La Paz, que fue desalojada de su domicilio en Arganda del Rey el pasado 10 de septiembre. Era una vivienda del Plan Joven de la Comunidad de Madrid en la que había estado alquilando para 7 años. La vivienda pasó a la Sareb y acabó en un fondo buitre. Georgina estuvo acampada durante 37 días frente al Ayuntamiento de Arganda del Rey, hasta que consiguió un compromiso del alcalde, que denuncia no se ha cumplido.

“Con un hijo pequeño, un albergue durante unas semanas no es la solución. Quiero pagar el alquiler social en función de lo que gano. Arganda es un municipio rico, pero solo tiene 3 viviendas sociales y están ocupadas por una asociación de vecinos y dos clubes taurinos ”, dice Georgina. Denuncia que el alcalde socialista no ha negociado con la SAREB, ni ha buscado más vivienda social, y asegura que si no tiene una respuesta positiva por parte del ayuntamiento, volverá a acampar frente al ayuntamiento. . “La lucha es la única forma”, concluyó Georgina.

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