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El trile de los desalojos

El 28 de octubre de 2020, el ministro José Luis Ábalos firmó una de las intervenciones más bochornosas de los últimos tiempos. Según Ábalos, el ministro responsable del área de vivienda, los desalojos en España no estaban permitidos gracias a los decretos del gobierno. Estas afirmaciones se produjeron a raíz de un desalojo en el barrio madrileño de Carabanchel y en el contexto del debate sobre la aprobación de un decreto para detener los desalojos hasta mayo, que aún no ha llegado.

Mientras el gobierno progresista es intimidado por los fondos de inversión y el poder financiero y rentista, las cifras del Consejo General de la Judicatura siguen desacreditando al Ministro. Así, una vez abierta la posibilidad de desalojo tras el paro judicial entre marzo y junio que provocó la pandemia, se ejecutaron más de 6.200 desalojos en España -según datos del tercer trimestre de 2020.

Con los datos en la mano, se puede asegurar que la lluvia de decretos que tanto celebró el gobierno antes del verano, no tuvo mucho efecto. Ante esto, debemos preguntarnos ¿qué podemos esperar para los próximos meses?

De cara al futuro inmediato, el gobierno progresista opera en el marco de una nueva Ley por el derecho a la vivienda. Esta ley, de la que no se conocen los detalles por el momento, debe tener como objetivo superar, al menos, la nula efectividad de las medidas tomadas por el gobierno durante los primeros meses de la pandemia.

El plan para la construcción de 20.000 viviendas, encubierto bajo el supuesto intento de garantizar un parque público de vivienda, un nuevo plan de rescate para el sector de la construcción e inmobiliario

Tras el fracaso del llamado escudo social, ha llegado una nueva etapa donde el gobierno ha recogido tres grandes líneas de actuación, todas ellas tomadas de las propuestas abiertas por los movimientos sociales y habitacionales. Estas medidas englobarían los más de 2.250 millones de euros que se han destinado a la partida de vivienda en los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, incluye la promesa de aprobar la regulación de los precios de alquiler tomando como referencia la ley catalana y, en tercer lugar, se plantea la posible prohibición de desahucios hasta mayo. ¿Pero estas políticas realmente producirán un cambio sustancial en el área del derecho a una vivienda digna?

Un presupuesto dirigido al sector inmobiliario y empresas constructoras

En cuanto al presupuesto de vivienda, tememos que quienes han celebrado los titulares del gobierno no hayan tenido la oportunidad de leerlo en detalle. Sin duda, la cifra global es impresionante, solo el Programa 260A de acceso a la vivienda y promoción edificatoria está dotado con la astronómica cifra de 1.651 millones de euros, una cantidad prácticamente inexistente en el pasado.

Este dinero, que se distribuirá principalmente (1.580 millones) en transferencias de capital a las Comunidades Autónomas es, de ejecutarse, una buena inversión desde el punto de vista de la sostenibilidad en materia energética y mejora del parque habitacional. No en vano, se incluye en la denominada ola Renovación que la Comisión Europea impone al modelo inversor de esta crisis, donde se dice que el sector de la construcción es uno de los que más energía consume y donde se señala que la rehabilitación de edificios es una línea prioritaria de inversión para el Green New Deal europeo.

Sin embargo, con las pólizas de rehabilitación debes tener mucho cuidado. Es cierto que producen un alto impacto en términos de sostenibilidad en términos de eficiencia energética, así como mejoras sociales para quienes disfrutan de estas viviendas en términos de accesibilidad y ahorro. Pero socialmente, el modelo de rehabilitación subsidiado, sin compensación social, puede tener sus escollos. Cuando existan revalorizaciones de activos inmobiliarios con dinero público, debería ser obligatorio que estas viviendas -en caso de ser alquiladas-, tengan un estricto control y tasación de sus precios de alquiler o -también en el caso de viviendas vacías- que la rehabilitación Supone la cesión anticipada de la vivienda para el parque público de viviendas. De lo contrario, la revalorización producida por la inversión pública podría alimentar la especulación urbana y una especie de subsidio verde a las economías rentistas, especialmente a las de los grandes propietarios.

Junto a esta astronómica partida de rehabilitación, que ocupa prácticamente la totalidad del presupuesto de vivienda y anuncia la creación de 370.000 puestos de trabajo y la rehabilitación de más de 120.000 viviendas al año, encontramos la segunda gran línea estratégica del presupuesto del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), conocida como Plan 20.000.

El presupuesto público no solo aportará el terreno y garantizará el financiamiento de toda la operación, sino que asumirá los gastos del terreno y su urbanización.

Este programa, que se basa en la construcción de 20.000 viviendas, esconde bajo el supuesto intento de garantizar un parque de vivienda pública, un nuevo plan de rescate para el sector de la construcción e inmobiliario. El mecanismo es sencillo, el Estado entregará gratuitamente suelo público, facilitará y garantizará el financiamiento para la construcción de esas 20.000 viviendas y a cambio, los promotores se encargarán de construir viviendas de alquiler a precios reducidos y gestionarán los beneficios de esos alquileres para 75 años. Aún no se ha dado datos sobre cuál es la referencia a partir del cual se consideran las rentas asequibles, pero sí sabemos que el pliego de condiciones de contratación de este plan lo redactará un despacho de abogados vinculado al sector inmobiliario, como es el caso de Gómez. -Acebo y Pombo.

También sabemos que los primeros 140 millones de euros aparecen en el presupuesto 2021 de la empresa pública del suelo (SEPES) y de varios municipios, como los 11,7 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que se destinarán a sufragar el “coste del suelo, urbanización y posible colaboración público-privada mediante la constitución de derechos de superficie ”. De esta forma, el presupuesto público no solo proveerá el terreno y avalará el financiamiento de toda la operación, sino que asumirá los gastos del terreno y su desarrollo, mucho para quienes participan en este plan.

Además, en los Presupuestos Generales del Estado se anuncia que estas viviendas se van a construir en las zonas de mayor tensión: Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Sevilla, Málaga, Canarias y Baleares. En efecto, espacios que a su vez coinciden con la apuesta por reflotar un nuevo ciclo inmobiliario basado en grandes desarrollos urbanísticos y que tendrán su mejor detonante en esta colaboración público-privada.

Desalojo Mariana Valdeacederas - 2

Opinión

Una democracia de propietarios

La democracia del propietario tiene su base social y electoral entre las clases propietarias. La nueva economía política del ladrillo no puede medirse únicamente por el nivel de precios o el costo reducido de las nuevas viviendas, sino sobre la base de nuevos modelos de formación de beneficios inmobiliarios.

Una realidad explosiva

Mientras tanto, han pasado 10 meses desde que el inicio de la pandemia aceleró la crisis del modelo capitalista español (y global). Una vez fracasada la lluvia de decretos del escudo social, entramos en una nueva etapa donde se anuncian políticas públicas de mayor trascendencia. En concreto, las medidas de regulación de alquileres y el decreto para frenar los desalojos hasta mayo de 2021. De estos dos temas, aún no conocemos el desenlace, pero el problema es que —aún en el caso de salir adelante en las mejores condiciones— podemos Anticipe que no significarán más que un alivio temporal de la situación.

Lo cierto es que la realidad social y sus necesidades más básicas a medio plazo andan muy lejos de estas propuestas. Medidas que tendrán un alcance muy limitado si no llegan al fondo del problema. En consecuencia, la necesidad de bajar los precios de los alquileres por ley, especialmente en aquellas viviendas que se están financiando o rehabilitando con dinero público, debe ir acompañada de medidas para frenar los desalojos mientras no existan suficientes alternativas de vivienda.

No se puede negar que si el gobierno no cede finalmente a las presiones del sector financiero-inmobiliario y aprueba estas medidas, tendremos nuevas herramientas para frenar los desalojos y controlar las subidas de precios. Pero lo cierto es que los datos que estamos empezando a tener nos dicen que el sangrado de desalojos y desalojos de viviendas por la imposibilidad de pagar el alquiler, seguirá con fuerza ahora y en el futuro.

Si miramos los datos del Consejo General del Poder Judicial, podemos verlo con claridad. A la fecha, encontramos que entre junio y septiembre se han producido más de 31.000 nuevos juicios verbales por arrendamiento, cifra que se suma a los más de 43.119 casos de arrendamiento pendientes. Estos datos, sumados a los 7.096 nuevos comunicados que se han recibido en los juzgados de primera instancia en el tercer trimestre de 2020, indican que el problema sigue creciendo. Así, tras el paro judicial de la pandemia, en el tercer trimestre de 2020 se ingresaron un 30,5% más de trámites de alquiler que en el tercer trimestre de 2019.

A la espera de los datos del último trimestre, todo indica que el nivel de deterioro social se mueve a una velocidad infinitamente mayor que la batería de políticas públicas que está considerando el gobierno. La gran contradicción es que mientras se proponen tibias medidas de protección, el gobierno y el sector inmobiliario-financiero ya han apostado fuertemente por un nuevo ciclo especulativo bajo el mantra de la cooperación público-privada y el capitalismo verde.

No cabe duda que la presión institucional debe continuar con fuerza, pero una vez más hay que tomarse muy en serio que las alternativas reales pasarán más por la generación de instituciones autónomas y propias que garanticen los derechos más básicos, que por las medidas públicas que puedan. ser tomado. Los grandes retos del futuro son estabilizar los centros sociales, las escuelas populares y las despensas solidarias. Pero también pasan por reforzar los mecanismos de organización y desobediencia, tanto para escalar conflictos que permiten a los grandes propietarios obtener rentas sociales de ellos, como para ocupar viviendas propiedad de esos mismos grandes propietarios que sirven para enfrentar y denunciar la falta de alternativas desde posiciones de mayor fuerza. .

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