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El Tribunal Constitucional considera un atropello los gritos contra la bandera española

El patriotismo sirve de refugio a muchos partidos para dar alas a sus programas electorales en tiempos de elecciones y también cuando vienen mal. Sin embargo, el patriotismo no se puede utilizar en tiempos difíciles. El patriotismo lo cura todo pero no tiene la culpa de nada. Al menos esta es la lectura que se desprende de la parte resolutiva del pleno del Tribunal Constitucional, que considera que gritar a la bandera española no es una acción amparada por la libertad de expresión y es un delito de ultraje contra España.

Esta resolución pone fin a las sentencias de 22 de marzo de 2017 y 8 de febrero de 2018 dictadas por el Juzgado de lo Penal de Ferrol y la Audiencia Provincial de A Coruña, que condenó al sindicalista Pablo Fragoso, afiliado a la Confederación Intersindical Galega (CIG). , a una multa de 1.260 euros como autor de un delito de ultraje contra España.

Fragoso participó el 30 de octubre de 2014 en un mitin de protesta de los trabajadores de la empresa de limpieza de las instalaciones militares del dique Ferrol Arsenal, cuando a través del megáfono gritó “aquí estás o silencio da puta bandeira” (aquí tienes el silencio de la maldita bandera) y “Tengo que encender el lume a puta bandeira” (hay que prender fuego a la maldita bandera) durante la ceremonia de izado de la bandera de España.

La Corte Constitucional en pleno no ha fallado por unanimidad, sino por mayoría, por lo que incluso dentro de las filas conservadoras del tribunal superior no hay consenso sobre si gritar a un trozo de tela es realmente un ultraje.

El Tribunal Constitucional considera que las expresiones “eran innecesarias para los reclamos salariales de la recurrente y, además, no tenían relación con dichos reclamos. Por todo ello, se entiende que dichas expresiones se realizaron al margen y sin la protección de los derechos fundamentales invocados ”, es decir, sin protección del derecho a la libertad de expresión.

Aunque es otro delito, en 2018 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que quemar fotos del rey no es un crimen de odio sino una acción que está protegida por la libertad de expresión. Estrasburgo obligó entonces a España a indemnizar a dos jóvenes catalanes que habían sido previamente condenados por la Audiencia Nacional a quince meses de prisión en 2008 por un delito de injurias a la Corona, sanción que fue sustituida por 2.700 euros y que el Estado tuvo que devolver. jóvenes, además de abonarles una indemnización de 9.000 euros.

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