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El movimiento valenciano por el derecho a la vivienda suma otra victoria en Monteolivete: “¡Este desahucio lo vamos a parar!”

El teléfono móvil de Encarna marca las 10:31 de un 13 de abril. La pantalla se ilumina constantemente y no dejan de llegar notificaciones, llamadas, mensajes. Lo coge, lo mira de reojo y lo bloquea para no cortar la conversación. Lo deja, vuelve a sonar y decide quedárselo en las manos. La última llamada ha sido de su asistente social. “Nos han dicho que han suspendido el desahucio hasta dentro de tres meses”, se escucha nítidamente. Encarna lo confirma y, sin dar demasiados detalles, despacha la charla para otro momento.

Está sentado en el sofá de su casa, la que hace escasa media hora no sabía con certeza si lo seguiría siendo. Cuenta que lleva una semana sin poder conciliar el sueño. “Esta noche no he dormido nada, a las siete me he levantado de la cama, pero dormir, ni un minuto”. A sus pies, una bolsa de farmacia llena de medicamentos ya su espalda, en un pequeño mueble de madera antigua, una foto de sus hijos y un blíster de pastillas vacío y destartalado. Hay objetos que pueden transmitir estados anímicos y ese amasijo de aluminio es la viva imagen del nerviosismo.

Encarna tiene 54 años y es muy vulnerable. Tiene una discapacidad del 63%, es víctima de violencia machista y tiene una menor a su cargo. Cuando se pone muy nerviosa, sufre ataques epilépticos. Desde que toma la medicación, ya no son habituales, pero teme que vuelvan a aparecer. “Cuando me da un ataque siento que ya no soy yo, pierdo el control sobre mí”. Asegura que le gustaría tener un empleo, pagar un alquiler, salir adelante ella sola, pero “no hay trabajo”.

Vive en el barrio de Monteolivete desde hace seis años, en la antigua casa de su hermana que pasó a ocupar ella. El piso es propiedad de BuildingCenter, una sociedad inmobiliaria de CaixaBank, que, ahora, reclama el piso de Encarna. Ya lo han intentado en dos ocasiones, con sólo nueve días de diferencia entre ellos.

“Se me cayó el mundo abajo”, dice mientras explica el momento en el que leyó la carta en la que le notificaban sobre el desahucio. “Me vi en la calle, no tengo a donde ir. Mis hijos mayores están casados ​​y tienen casa, pero preferiría irme a la calle. No quiero ser un estorbo para ellos”

El pasado 4 de abril fue la primera tentativa de desahucio. “Se me cayó el mundo abajo”, dice mientras explica el momento en el que leyó la carta en la que le notificaban sobre él. “Me vi en la calle, no tengo a donde ir. Mis hijos mayores están casados ​​y tienen casa, pero preferiría irme a la calle. No quiero ser un estorbo para ellos”, dice convencida.

El 2 de abril, solo dos días antes de la fecha del desahucio, Encarna se puso en contacto con la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), concretamente con José Luis González, uno de los portavoces de la organización. Desde ese momento, comenzó a trabajar a contrarreloj para detener el lanzamiento. “José Luis me tendrá para toda la vida, para lo que quiera”, dice demostrando su agradecimiento por su trabajo. También lo está con el abogado que lleva su caso. “Es bien bueno”, asiente José Luis.

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Se trata de un Letrado del turno de Oficio y se ha personado al lugar del lanzamiento, cosa que, aseguran miembros de la PAH, “no es nada habitual”. Vestido de traje y corbata y siempre pegado al teléfono móvil, cuenta las tres vías en las que están trabajando para paralizar el desahucio. En primer lugar, han presentado un recurso ante el juzgado, alegando que “en caso de que el lanzamiento se efectúe sin que la resolución fuera firme, se le iba a ocasionar un perjuicio irreparable a Encarna”.

La segunda vía fue una solicitud de medidas urgentes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, organismo que tiene la potestad de “parar estas situaciones cuando ha fallado todo a nivel nacional, o hay una situación de vulnerabilidad evidente”. Y, la tercera, un escrito en el juzgado que presentó el director general de Emergencia Habitacional (órgano administrativo que depende de la Consellería), solicitando que se paralizase el desahucio hasta que no se encontrara una alternativa para la familia.

El abogado de oficio remarca la excepcionalidad del caso de Encarna y remite un Real Decreto en vigor que suspende los desahucios en casos de vulnerabilidad. Asegura que el juzgado se niega a aplicarlo y, dice, “no sabemos por qué”

También remarca la excepcionalidad del caso de Encarna y remite a un Real Decreto en vigor que suspende los desahucios en casos de vulnerabilidad. Asegura que el juzgado se niega a aplicarlo y, dice, “no sabemos por qué”. Considere “burdas” las justificaciones, pero recuerde que “la decisión la tiene el Juez”.

Desde hoy, un reloj retrocedido marca tres meses. 90 días para encontrar una alternativa habitacional. Su letrado cuenta que, si en este plazo no se encuentra una vivienda disponible o alquiler social, “estaremos en una situación muy delicada” porque “no existen más herramientas”. Confía en que alguna de las tres vías propuestas llegue a buen puerto y asegure que, mientras tanto, recurrirá a todas las resoluciones que no cumplan con la legalidad o “con lo que debería ser justo en este caso”.

Encarna vive con su hijo de 15 años, quien, afirma, acapara sus cinco sentidos. Ahora mismo está en el instituto porque prefiere mantenerlo al margen, que no sufra. “Él está al tanto de todo, es fuerte, pero no quería que estuviera hoy aquí”. Lo considera “una bendición, un muy buen chico”. juega a fútbol en el equipo de la Fonteta y esta tarde tiene entrenamiento. “Sus profesores y la gente del equipo me ayudan para que él pueda jugar y pagar la…”, dice mirando hacia arriba, como si buscara una palabra en el techo. “La federación”, exclama al encontrarla. “Cuesta mucho dinero al año y no puedo pagarla”.

En el momento de la entrevista en la casa de Encarna reina una calma tensa posterior a la tempestad, pero desde las nuevas de la mañana, seis pisos más abajo, un grupo de manifestantes se congregaba para evitar que sucediera el desahucio. Bajo la lluvia, resguardándose bajo las repisas del portal y cantando “¡este desahucio lo vamos a parar!”, se presentaban los miembros de la PAH, el colectivo Entrebarris y otros simpatizantes del movimiento por el derecho a la vivienda ante dos furgones policiales y los agentes.

Pronto, José Luis González da la noticia: “Los responsables de CaixaBank y BuildingCenter de Valencia han llamado diciendo que se suspende el desahucio por tres meses”. Tras ello, explota una ovación y una trilogía de “¡sí se puede!” perfectamente acompasada. A pesar de ello, el vocero no lo tiene tan claro: “Ya veremos si se para, una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen”. Así, llama a mantener la movilización hasta que el abogado de oficio —interlocutor en el que confía más que en la entidad bancaria— confirme la noticia.

La PAH de València señala que en el año 2021 sucedieron 6.182 desahucios en el País Valenciano y que existe una “descomunal escasez de parque público”, representando sólo el 0,6% de la vivienda total

La PAH, en un escrito dirigido a CaixaBank y entregado en el marco de la protesta, alerta sobre una “enorme emergencia social” y propone un Convenio de Vivienda de Valencia. En este, señalan que en el año 2021 sucedieron 6.182 desahucios en el País Valencià y que existe una “descomunal escasez de parque público”, representando sólo el 0,6% de la vivienda total. Por ello, exigen, “no solo la paralización del desahucio de Encarna, sino el compromiso de ofrecer alquiler social a todas las personas y familias vulnerables”.

Finalmente llega la confirmación de la suspensión del lanzamiento y José Luis coge su teléfono móvil. “Encarna, ¿te has puesto guapa? Pues baja que la gente te quiere ver. Se ha suspendido el desahucio”. Encarna, con los ojos vidriosos y un ligero temblor, recibe los presentes con un saludo tímido, casi ausente. El pequeño hilo de voz del inicio se acaba convirtiendo en un discurso perfectamente audible que, si tuviéramos que describir con una palabra, sería “gracias”.

“Gracias a José Luis y gracias a todos. Hace un rato estaba en la calle y estoy muy agradecida por el apoyo que me has dado. No me dan opción a acceder a un alquiler, a una vivienda. Soy digna de tenerla, no solo yo, todas las personas”. Una vez acaba su discurso, vuelven los aplausos y las consignas y, cuando amainan, Encarna se despide y vuelve a su casa.

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Ya un poco más tranquila, habiendo podido reposar lo ocurrido, Encarna confiesa haber sufrido un amago de ataque epiléptico ante la presencia de manifestantes y prensa. Ese ligero temblor y confusión que se podía achacar a los nervios, para ella —que se conoce mucho— eran un síntoma claro. Bendice —porque es muy creyente— haber tomado esta mañana una pastilla relajante, que solo puede ingerir en momentos de mucha tensión.

Acude siempre que puede a la Iglesia Evangelista con su hijo y la lectura le acompaña en sus ratos de soledad. Son su gran apoyo en los momentos más difíciles. Ahora, asegura sentir que ha recibido “una inyección de fuerza” porque no se siente sola, porque se siente protegida y eso le da ánimos para seguir adelante.

Lo que parece más complicado, dice, es que logre despojarse de los nervios. Promete tener dos meses y medio de tranquilidad hasta que llegue la fecha del desahucio, pero asegura que el tiempo pasa “así” (seguido de un fugaz chasquido de dedos).

El teléfono móvil de Encarna marca las 11:38 cuando le llega el enésimo mensaje. La hora le hace incorporarse dando a entender que la conversación ha llegado a su fin. Con una sonrisa en la boca y recolocándose el baño, dice que va a intentar dormir un rato, “aunque sea recostarme”, antes de que su hijo llegue del instituto. Cuenta que cocinará un puré de patatas y unos sanjacobos. Después, el menor se irá a entrenar y ella tendrá “una tarde tranquila”. Quizá la primera desde hace semanas.

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