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El Ministerio de Trabajo apuesta por la mediación en la huelga de estiba en el puerto de Bilbao

A pesar de que el gobierno de Iñigo Urkullu solicitó un arbitraje vinculante a Pedro Sánchez para poner fin a la huelga de estiba en el puerto de Bilbao -y a pesar de la negativa de las empresas a que la administración vasca medie en el conflicto y se someta a arbitraje- el Ministerio de Trabajo está comprometido con el diálogo y anoche envió a las cuatro empresas estibadoras ya los cinco sindicatos una hoja de ruta para activarlo. Esta mañana, la comisión de empresa que convocó a la huelga se ha reunido para valorar la propuesta de la Dirección General de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo recuerda que el arbitraje es una medida “muy excepcional” que solo se ha utilizado en contadas ocasiones, como la huelga de controladores aéreos de 2017, que prefieren evitar y centrarse en “promover el diálogo”.

En la tarde del pasado viernes, las empresas y los sindicatos se reunieron con la Delegación General del Trabajo para trasmitir sus respectivas posiciones, y Labor se comprometió a trazar una hoja de ruta para desenredar este conflicto laboral que próximamente estará en huelga por dos meses y que pone en peligro los intereses económicos y estratégicos. A pesar de la reducción de tarifas llevada a cabo en 2018, el puerto de Bilbao incrementó sus ingresos ese año hasta los 70,6 millones (con un tráfico de carga de 35,6 millones de toneladas).

Barco Puerto de Barcelona

Desde el 9 de octubre, los estibadores de la plantilla permanente del puerto de Bilbao han exigido que sus eventuales compañeros se incorporen a la plantilla permanente. Los trabajadores temporales son trabajadores temporales desde hace doce años, momento en el que dejaron de contratar y la plantilla permanente ha perdido alrededor de una cuarta parte del volumen debido a las jubilaciones.

Por su parte, las empresas tomaron represalias contra los heridos, que también participaban en el paro, y dejaron de llamarlos a trabajar.

A mediados de noviembre, el Gobierno de Iñigo Urkullu solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez un arbitraje vinculante, incluso antes de que las empresas estibadoras renunciaran formalmente el 23 de noviembre a la mediación propuesta por todos los sindicatos portuarios.

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