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El Gobierno vincula 179 apoyos a los Presupuestos Generales de 2021

La vida le sonríe a Pedro Sánchez tras la moción de censura de Vox y la convocatoria electoral en Cataluña. La suma de apoyos a los Presupuestos Generales para el primer año tras la llegada de la pandemia facilita los planes de Moncloa y, sobre todo, está siendo más fácil de lo esperado.

Entre ayer por la tarde y hoy 24 de septiembre se ha decidido el apoyo o “principios de concertación” de tres formaciones básicas para la investidura de enero y para las que serán las primeras cuentas del Estado tras la etapa de austeridad de Cristóbal Montoro.

A mediodía, el portavoz del PNV en Madrid, Aitor Esteban, ha confirmado que sus seis diputados votarán a favor de los Presupuestos. Los jeltzales obtuvieron un “triunfo” para su base electoral el viernes pasado con la eliminación del impuesto al diesel. Una medida que se suma a otras menos polémicas, como el canje de una serie de terrenos municipales por el cuartel de Loyola Defensa, que pasará a formar parte del patrimonio donostiarra.

El PNV aceleró las negociaciones de un segundo paquete de iniciativas luego de que, este lunes, EH Bildu se adelantara para anunciar que votarán afirmativamente -si las bases lo ratifican- sobre el proyecto de Presupuesto. El encargado de anunciarlo fue la figura destacada de la izquierda nacionalista, Arnaldo Otegi, quien negó que el voto tuviera contrapartes y lo enmarcó en el esfuerzo por frenar a “la derecha fascista” y mantener “una ventana de oportunidad abierta para democratizar la Estado ”El jueves, una asamblea extraordinaria de la coalición decidirá el signo final de su voto.

Esquerra Republicana de Catalunya ha sido el último partido en confirmar que está en sintonía con el PGE presentado por el Gobierno. El portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, ha preferido hablar de un “preacuerdo” y pospone la decisión final a una reunión del ejecutivo de Esquerra este miércoles.

En el caso de ERC —y también de los diputados del PdeCAT— el activo que tienen es la “desintervención” de las cuentas de Cataluña en vigor desde 2015. Una serie de medidas de “control” establecidas en el contexto del Procés por el Gobierno de Rajoy que se consideran con anterioridad a la aplicación, en noviembre de 2017, del artículo 155. Rufián presentará como mejoras obtenidas en la negociación la creación de una mesa de reforma tributaria, bajo la idea de, entre otros aspectos, reintroducir la misma tasa de Patrimonios en todo el Estado, para eliminar las retenciones que una comunidad como Madrid ha utilizado para atraer grandes fortunas.

El apoyo de estos tres grupos suma ya 179 diputados por la causa del PGE. Y las cuentas de María Jesús Montero seguirán sumando estos días: es probable que PdeCAT, Teruel Existe, Más País, Compromís o BNG encuentren el acuerdo.

Descontando los votos negativos de PP y Vox, la posición de Ciudadanos conlleva cierto interés. La campaña de Sánchez para dejar la puerta abierta a otra aritmética sin EH Bildu o ERC no se ha fraguado y, por el contrario, la “mayoría de la investidura” se consolida con dos de los enemigos irreconciliables del nacionalismo español. Inés Arrimadas puede optar por sumar sus diez votos a sus socios en Madrid y Castilla y León o trabajar en una alternativa que saldrá adelante más adelante en la investidura, con la perspectiva de sacar de la ecuación Unidos Podemos de la ecuación para el próximo Gobierno. Por ahora, el partido naranja ha anunciado que “sigue negociando” y propone una tarjeta sanitaria única como activo para poner su sello positivo en el PGE.

Por su parte, Unidos Podemos ver cómo el apoyo de ERC y EH Bildu consolidan su posición pero sigue incómodo por las pocas señales de remontada en las encuestas. La semana se abrió con un intento, explicado por el periodista Pedro Vallín en La Vanguardia, de reorientar la negociación de los presupuestos en torno al tema de los desalojos.

El 17 de noviembre Unidos Podemos, ERC y EH Bildu anunciaron la presentación de una enmienda para establecer una moratoria de los desalojos hasta 2023. Un objetivo, el fin de los desalojos hasta que pase la primera ola de la crisis, que no cuenta con el visto bueno de la Ministerio de Economía de Nadia Calviño pero al que se ha abierto en las últimas horas el mucho más “político” ministro de Vivienda, José Luis Ábalos.

El PGE no corre peligro, pero en torno a la enmienda presentada con los dos partidos independentistas —y no pactada con el PSOE— las diferencias entre el socio mayoritario y el socio menor del gobierno de coalición pueden ensancharse aún más.

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