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Defensoría del Pueblo llama a honrar deuda con pueblos indígenas

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(CRHoy.com) La Defensoría del Pueblo reiteró la obligación legal del Estado costarricense de realizar el trámite de expropiación de tierras que por ley corresponden a la población indígena de nuestro país.

En comunicado de prensa, la institución insiste en que, “sobre la obligación legal del Estado costarricense de hacer efectivo el proceso de expropiación de tierras que por ley corresponde a la población indígena de nuestro país, lo que supone la obligación del Estado de contar con los recursos económicos suficientes y necesarios para activar los mecanismos de expropiación y compensación que hasta ahora se han hecho de forma acotada ”.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo presentó una solicitud a las autoridades de la Instituto de Desarrollo Rural (Inder), para conocer el estado de avance de ese plan. Adicionalmente, cuestionó si la institución considera reutilizar los fondos de su posible superávit presupuestario, en créditos y obras comunitarias, yn el financiamiento de los procesos de expropiación legal de tierras a favor de los Pueblos Indígenas.

Ante una serie de hechos ocurridos hace unas semanas en territorio indígena China Kichá, el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano informó que, en un intento por realizar diligentemente los procesos administrativos, la Junta Directiva del Inder había aprobado iniciar dicho trámite ordinario sobre uno de los predios en conflicto. Y que, en un esfuerzo por restaurar la paz, dicha entidad había ofrecido 500 millones de colones, que tiene como finalidad la adquisición legal de dicho territorio.

En marzo anterior, el Inder indicó que había 193 expedientes listos para aplicar el trámite administrativo conduciendo a una eventual expropiación y compensación. Además, informa que se ha realizado la encuesta a 1.206 fincas.

Sin embargo, hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo no ha sido informado que no se ha realizado expropiación ni indemnización en ninguno de los territorios indígenas.

Por su parte, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, afirmó que “es una responsabilidad ineludible del Estado costarricense cumplir con sus obligaciones.Compromisos históricos y legales con los pueblos indígenas mediante la cesión de las tierras, que ancestralmente les corresponden, por los medios que establezca nuestro Estado de Derecho ”.

En respuesta a la Defensoría del Pueblo, Inder indicó que si bien no es responsabilidad de esa institución utilizar el excedente tiene que pagar la compensación que le corresponde al Poder Ejecutivo para pagar Debido a las dificultades económicas en el gobierno central, la Junta de Los directores tomaron el acuerdo y decidieron, entre otros cambios, autorizar la creación de un fideicomiso que comenzará en 2021 con la suma de 500 millones de colones. Así como, para los años 2022 y 2023, se sumará el 80% de los ingresos no tributarios que tiene el Inder, el 50% de los mismos en 2024, 2025 y 2026.

@defensoriacr insiste en la obligación legal del Estado de realizar un proceso efectivo de expropiación de tierras que por ley le corresponde a la población indígena, lo que significa contar con recursos para la expropiación activa y mecanismos de compensación https://t.co/nufGcipDB0 pic.twitter . com / LxlecHdAh8

– Defensoría CR (@defensoriacr) 13 de noviembre de 2020

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