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Cumplir 18 años en la calle y sin permiso de residencia

“Dormir en la calle es muy peligroso para un chaval como yo”, dice uno de los jóvenes que ha sufrido el abandono institucional derivado de haber alcanzado la mayoría de edad en Valencia. Bajo el seudónimo de Abdel, su testimonio cuenta la historia de un adolescente expulsado del centro de menores donde le acogió la Generalitat Valenciana cuando tenía 16 años. “Después de pasar dos años en un centro, todavía no tengo pasaporte”, dice. Moha, que también prefiere permanecer en el anonimato, se encuentra en una situación muy similar. En su caso, cuando llegó a Valencia, lo encerraron en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (CIE), donde permaneció un breve período, hasta que las pruebas de determinación de edad demostraron que era menor de edad y que, por lo tanto, nunca debería han entrado por la puerta del CIE.

Obligados a abandonar los centros de menores en los que están alojados, estos jóvenes llegan a la edad adulta sin tener permiso de residencia. Sin documentación y sin posibilidad de conseguir plaza en las casas de emancipación, muchos acaban durmiendo en la calle. Recientemente, esta realidad ha sido trasladada por el Defensor del Pueblo, Fernández Marugan, a la Fiscalía General del Estado, a raíz de una denuncia de la Campaña CIEs No de València. En este, se han documentado hasta una decena de casos en el País Valenciano -dos de ellos correspondían a dos jóvenes que habían sido tutelados en otra comunidad- aunque las cifras podrían ser mucho mayores. El Síndic aceptó todas las denuncias para su tramitación y ha iniciado actuaciones con el Departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la mano de Mònica Oltra (Compromís); con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Menores de Valencia.

En junio de 2020, existían un total de 732 plazas de gestión integral para la acogida de menores en el País Valencià

Adrián Vives, portavoz de la Campaña, denuncia que hay “una especie de cuello de botella, y solo algunos de los menores que estaban en un centro pueden conseguir plaza en los hogares de emancipación”, que funcionan como espacios de transición hacia la autonomía de los jóvenes que llegar a la edad adulta en el País Valencià. Según cifras de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, organismo dependiente de la Igualdad que asume la tutela de los jóvenes, en junio de 2020 existían un total de 732 plazas de gestión integral para la acogida de menores en el País Valencià. Sin embargo, en el caso de las viviendas de emancipación, esta cifra desciende considerablemente, hasta 122 plazas.

A día de hoy hay 691 menores no acompañados en el territorio valenciano, de los cuales el 70% tienen 17 años, según datos de Save the Children. Muchos de estos jóvenes se quedan sin plaza y pasan a lista de espera. Según las trabajadoras sociales con las que se ha puesto en contacto La Directa, en varios centros de menores hay menores que cumplen con todos los requisitos para acceder a la red de emancipación, pero ante la falta de plazas, se han quedado sin hogar. Destacan también los problemas que generan los constantes cambios de centros o territorios, así como la falta de recursos, tanto logísticos como en relación al equipo de trabajo.

Foto: 26591, joves migrantes 2, ancho completo

Una trabajadora social que prefiere no revelar su identidad dice: “Se trasladan de un centro de acogida a otro y no logran establecer vínculos. Cuando lo hacen, los vuelven a cambiar ”. A pesar de la falta de plazas, son los propios centros de menores los que tienen que tramitar las solicitudes de hogares de emancipación. Un supuesto que todavía está muy lejos de la realidad. Como ha documentado la campaña Cies No, en muchos casos abandonan el centro sin ninguna solicitud en curso.

A día de hoy hay 691 menores no acompañados en el territorio valenciano, de los cuales el 70% tienen 17 años, según datos de Save the Children

En esta línea, Rodrigo Hernández, director de Save The Children en València, critica la falta de coherencia entre el número de plazas de acogida de menores y en los hogares de emancipación, que es competencia del Departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas; así como la falta de capacidad para detectar los casos más vulnerables. “Si se identifica que este niño, además, ha sido víctima de trata o ha huido por motivos ideológicos, culturales o de orientación sexual, por ejemplo, podrían solicitar asilo y el procedimiento de recepción sería diferente”, concluye.

Exclusión social y criminalización

Según el último boletín sobre vulnerabilidad social en el Estado español, publicado por Cruz Roja a finales de 2019, el 10,4% de los ex-jóvenes jóvenes se encuentran en situación de exclusión social. Además, el 69% de estos adolescentes no alcanza el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el 45,7% se encuentra en una situación de privación material severa. En cuanto al País de Valencià, según el informe Jóvenes exprimidos y / o en riesgo social, publicado por Cruz Roja en septiembre de 2020, esta organización atendió a un total de 399 jóvenes exprimidos durante 2019. De estos, 81,5 % está desempleado y 84% no recibe ningún beneficio o subvención.

El abogado Albert Pares, especialista en menores que migran solos, explica que, según la normativa, los centros están obligados a tramitar el permiso de residencia de forma inmediata, pero no lo hacen.

El hecho de salir del centro como adulto y sin permiso de residencia implica también la imposibilidad de acceder a otros sistemas de protección. El abogado Albert Pares, especialista en menores que migran solos, explica que, según la normativa, los centros están obligados a tramitar el permiso de residencia de forma inmediata, pero no lo hacen. “Hemos detectado que muchas veces no se tramita”, dice el abogado y director de la asociación Noves Vies. Peers también lamenta que en los casos en los que sí obtienen un permiso de residencia antes de salir del centro, pueden residir legalmente, pero generalmente no están autorizados para trabajar.

La otra realidad que enfrentan los menores no acompañados es la criminalización y el odio contra este grupo. Los discursos xenófobos dificultan la investigación de un apartamento o habitación de alquiler que inician los jóvenes. “Toda la campaña que se ha llevado a cabo en su contra implica que cuando van a buscar trabajo o piso de alquiler, dentro del proceso emancipatorio, se cierran las puertas”, dice Ricard Gozálvez, técnico de un centro de menores de Valencia.

Los jóvenes migrantes solo acceden al sistema de protección por su condición de menores en riesgo social. En un principio, como cualquier otro joven en estas circunstancias, son atendidos en centros que tienen la función de recepción o primera recepción, donde la mayor parte de la medida aprobada es la recepción residencial en un centro. Según Elisabet Marco, profesora asociada del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València, tras una valoración y diagnóstico de su situación, se les deriva al centro o recurso más adecuado. “El modelo implementado a lo largo de los años ha sido un modelo de atención especializada, generando un circuito segregado”, explica. Y agrega: “Lejos de promover su inserción social, esta guetización y segregación no contribuye a paliar los discursos de odio y las actitudes racistas y xenófobas”. De hecho, existen varios ejemplos de ataques a centros juveniles con presencia de jóvenes migrantes, como consecuencia del discurso de odio por parte de la extrema derecha.

Marco ejemplifica esta criminalización con la perversión del término “MENA”, acrónimo de Menores Extranjeros No Acompañados. “Progresivamente, se ha asociado con peligrosidad, amenaza y crimen”, dice. Esta sigla tiene un marco legal potencial y hace referencia al acceso de estos niños al sistema de protección español y la normativa legal resultante. Aun así, Marco detalla que es “reduccionista” y que “no nos permite reflexionar sobre el proceso migratorio”. “Estamos hablando de niños y niñas que cruzan las fronteras solos […]. Tiene una carga estigmatizante, y su uso homogeneiza, objetiva y deshumaniza esta infancia migrante. “

A pesar de que el fenómeno migratorio de menores sin referentes no es nuevo, en los últimos años, no en vano, se ha colocado en el foco de los medios y en el foco del discurso político. Aún así, no de la forma en que debería hacerse. Marco explica que a menudo se habla de un colapso de los albergues para menores, todo asociado al fenómeno migratorio. Sin embargo, “no se promueve un conocimiento de la realidad o un análisis de las deficiencias del sistema de protección para hacer frente a la atención de las necesidades de los niños”, puntualiza. Y aclara: “Predominan las ideas sobre el costo y los gastos del cuidado de este niño migrante”. En este sentido, la promoción del discurso del odio y las actitudes racistas y xenófobas se nutren de esta construcción social y se aprovechan de ella para justificar la violencia, alimentando esta idea de criminalidad, delincuencia y amenaza.

Son las doce de la noche de un lunes y Moha estará durmiendo en la casa de un amigo. Abdel, en cambio, ha conseguido plaza en un piso de emancipación hasta diciembre, tras varias semanas de pernoctación en la calle. Mañana se levantará para asistir al curso de pastelería al que se inscribió hace dos años y pudo cumplir uno de sus sueños, a pesar de que la organización del curso se lo puso difícil porque no tenía pasaporte.

Existen alternativas al modelo clásico de centros, con otro tipo de apoyos y vínculos. Los expertos defienden la creación de centros más pequeños y la promoción de planes de acogimiento. A pesar de los problemas, las trabas burocráticas para renovar la documentación o el tiempo que se tarda en encontrar un trabajo, los jóvenes siguen estudiando, buscando trabajo y generando redes de apoyo mutuo para sobrevivir.

El directo

Artículo publicado originalmente en catalán en La Directa

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