Foreign Policy

Crónica de una muerte anunciada, desde la mirada del colectivo predoctoral

Un científico en un laboratorio.

TUS ARTÍCULOS // FPU INVESTIGA

Un paso hacia la esperanza, un sorbo de justicia

Desde hace muchos años se insiste en la necesidad de reconocer el derecho a indemnización por extinción de contrato del personal investigador predoctoral en formación (PIPF). Por ello, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dictó sentencia reconociendo el derecho a percibir una indemnización por extinción de
contrato para el PIPF de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), se nos abrió el cielo. En concreto, el TSXG nos dio la razón en dos aspectos fundamentales: (1) negar que el contrato predoctoral pueda ser considerado un contrato de formación, al desempeñar las mismas funciones que el resto del personal investigador; (2) equiparar el contrato predoctoral con un contrato de trabajo o servicio temporal específico y, en consecuencia, condenar a la USC al pago de la compensación que el art. 49. 1 c) del Estatuto de los Trabajadores (ET) vincula expresamente esta modalidad contractual (en este caso, 12 días de salario por año trabajado).

La alegría no duró mucho, pues como era razonable suponer, la USC interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema (TS) con el falso pretexto de la unificación de la doctrina a nivel estatal, por lo que habría que esperar la sentencia de este para establecer su posición sobre esta cuestión. El día señalado para el fallo de la Corte Suprema sería el martes 13 de octubre, cuando se llevaría a cabo el juicio en la Sala de lo Social No. 903/2020.

Los nervios antes del “juego”. ¿Realmente podemos ganar?

Con los antecedentes de la sentencia emitida previamente por el TSXG, esperábamos que el Tribunal Supremo aplicara la misma lógica y remitiera al artículo 49.1 c) de la ET, que reconoce como regla general el derecho a percibir una indemnización salvo dos casos: el contrato provisional y el contrato de formación. Lo admitimos sin ningún reparo: muchos investigadores predoctorales estaban emocionados.

En las semanas previas a la publicación de la sentencia por parte de la Corte Suprema se respiraba optimismo, aunque existía esa tensión latente que envuelve a todo el grupo de investigación predoctoral cuando se trata de la consecución de un derecho laboral, por básico y justo que sea. . Una pregunta resonó en nuestras cabezas: ¿Se hará justicia o no se atreverán?
¿Reconocernos los mismos derechos que cualquier otro trabajador? Durante demasiado tiempo se ha tratado a los investigadores predoctorales como si fuéramos mano de obra barata en lugar de trabajadores plenos (sin incluirnos en convenios colectivos y / o sin reconocer derechos y condiciones como el resto de contrataciones temporales ¿Desamparo aprendido?

De vuelta a la realidad, una jarra de agua helada

Y el 5 de noviembre se publicó la Sentencia de la Corte Suprema (Sala de lo Social) No. 903/2020, extendiéndose como la pólvora en las redes sociales. Lamentablemente, negó el derecho a una indemnización por rescisión del contrato a los reclutas predoctorales. Los investigadores predoctorales de nuestro país recibieron así, una vez más, la falta de
apoyo y desprecio por parte de los órganos estatales. Esos mismos agentes que se jactan de su compromiso con la investigación, pero que continúan (con sus acciones o, en ocasiones, inacciones) precarizando el sistema científico.

Muy a nuestro pesar, el TS (con un argumento menos discutible) consideró que “si buscar analogías con las modalidades contractuales del ET es una cuestión, es realmente difícil acudir al contrato de una obra y servicio específico y, en al contrario, sería el contrato en la práctica del art. 11 ET el que presentaría mayores similitudes ”. No entendemos este deseo de relacionar el contrato predoctoral con este formativo, ya que se diferencian en todo lo que implica la esencia de una modalidad contractual: objetivo diferente, beneficiarios diferentes, duración diferente, períodos de prueba diferentes e, incluso, recompensas económicas diferentes. En este contexto, el Tribunal Supremo concluyó que el contrato predoctoral difícilmente podría equipararse a las modalidades contractuales incluidas en el ET y, por tanto, fue excluido del esquema de compensación del ET por su evidente objetivo formativo.

De esta forma, los investigadores predoctorales vimos cómo la ausencia de una normativa que incluyera explícitamente el derecho a indemnización por resolución del contrato en la legislación vigente, nos despojaba de este derecho. Y así, el cielo que un día parecía abrirse, se volvió a cerrar y se ejecutó la muerte anunciada.

Evaluaciones, acciones e iniciativas futuras: llamado a la movilización y acción social

En nuestra opinión, el meollo del asunto y la mayor dificultad para reparar este disparate, radica en que los legisladores NO regularon de ninguna manera el derecho a percibir una indemnización por rescisión del contrato por parte del personal investigador predoctoral, no previamente en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de Ciencia, Tecnología e Innovación, ni con posteridad en el Estatuto de Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF). Sería injusto no atribuir su parte de responsabilidad a aquellas instituciones que podrían hacer algo para prevenir todo este proceso y sin embargo NO LO HICIERON. Hablamos de organizaciones como la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y / o
diferentes gobiernos, tanto de derecha como de izquierda política. Ambos vieron el nacimiento y madurez de los documentos que iban a regular nuestras condiciones laborales (ej. Ley 14/2011, de 1 de junio, de Ciencia, Tecnología e Innovación y / o el EPIPF) pero miraron para otro lado, priorizando el ahorro monetario para el reconocimiento de los derechos básicos de sus trabajadores.

Así, desde FPU investiga EXIGIMOS al Ejecutivo una URGENTE reforma legislativa del texto de la EPIPF y / o la Ley 14/2011, de 1 de junio, de Ciencia, Tecnología e Innovación, en su defecto reconoce expresamente, y entre otros derechos, una indemnización. por extinción de contrato para investigadores predoctorales. Esta pequeña acción por parte del gobierno supondría un gran avance para el grupo predoctoral, evitando las dudas interpretativas y las disputas (con resultado final negativo) que ha suscitado la legislación actual.

Para lograr esta tarea, hacemos un pedido de solidaridad y movilización a las organizaciones del sector y a la sociedad en general porque, para cambiar esta vergonzosa situación, es fundamental la implicación de todos. En esta línea, cualquier apoyo será importante para llevar a cabo las iniciativas que se propondrán en las próximas fechas, desde manifestaciones virtuales bajo el lema #SinDerechosTampocoHayFuturo, hasta la recogida de firmas para la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que Permitir que traslademos este tema al Congreso y, por supuesto, a la espera de la asistencia de todos los investigadores para una verdadera manifestación en las calles y centros de nuestro país. Por nuestra / su dignidad y la de las generaciones venideras.

FPU INVESTIGA es una organización que representa a un amplio grupo de personal investigador predoctoral,

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