Foreign Policy

Cambiar la Constitución eligiendo jueces o el camino español hacia la reforma constitucional

Un manifestante lleva una copia de la Constitución de 1978. FERNANDO SANCHEZ

“¡No lo toques más / así es la rosa!” exclamó el poeta en Piedra y cielo; y este tipo de mandato estético parece haberse convertido en una regla para la preservación de las normas en el constitucionalismo español contemporáneo: ¡No toques la Constitución que lo empeora! Sin embargo, se olvida que, con este mandato, Juan Ramón Jiménez aspiraba a lograr “vivir la perfección”, sin la frialdad que tienen las cosas artificiales. Y “vivo” es aquí la palabra clave, porque si bien en la estética que defendió Juan Ramón, los objetos poéticos que se han logrado perfectamente vivos permanecen ajenos al paso del tiempo, constituciones envejecen y, si no se controlan, pueden morir. Por eso, a diferencia de los poemas, las constituciones, para que sigan vivas, deben tocarse.

A medida que las constituciones envejecen, pierden efectividad porque no son capaces de ofrecer respuestas satisfactorias a los desafíos que plantea una sociedad diferente a la que existía cuando fueron aprobadas. La pérdida de eficiencia puede ser de diferentes tipos y grados: desde un profunda crisis constitucional en el cual el régimen político ha perdido la capacidad de proveer bienes públicos básicos y satisfacer necesidades ciudadanas, hasta un cambio en la distribución social del poder entre los actores políticos, con todas las posibles variaciones y articulaciones entre estos tipos y grados.

Cuando ocurre alguna de estas situaciones, hay que “tocar” la constitución, es decir, debe adecuarse al tiempo histórico en el que debe aplicarse. Esta adecuación puede realizarse mediante interpretación o mediante una reforma constitucional. La adaptación por interpretación judicial se da cuando el Tribunal Constitucional admite la regularidad jurídica de los desarrollos legislativos que buscan actualizar la Constitución, o cuando directamente los jueces atribuyen un significado a las normas constitucionales diferente al que tenían hasta ese momento y de acuerdo con los valores sociales imperantes en el momento de la aplicación de la constitución.

En 42 años de vida, la Constitución española apenas ha sido reformada en dos ocasiones, por lo que la adecuación de la Constitución al cambio histórico ha estado en manos de los jueces. Juristas brillantes como Francisco Tomás y Valiente han defendido este mecanismo como el más adecuado actualizar la Constitución evitando los traumas que puede generar un proceso de reforma. Pero la interpretación adaptativa tampoco está exenta de trauma.

Los jueces pueden adaptar la Constitución al cambio histórico eligiendo, entre las múltiples interpretaciones que encajan en la dicción constitucional, la que mejor responda a las nuevas situaciones. Incluso se pueden admitir soluciones constructivas que recrean la norma si es necesario, pero en cualquier caso la interpretación debe tener una conexión lógica con la letra de la norma que interpreta.

Los jueces no pueden crear una constitución. Ya que no es razonable pensar que la Constitución contenga todo el universo de casos que se pueden plantear y soluciones que se pueden demandar. A medida que la interpretación judicial de una constitución no reformada se alarga en el tiempo, mayor es la necesidad que tienen los jueces de reconstruir las normas constitucionales, pudiendo llegar a situaciones de auténtica creación judicial del estándar supremo. En este caso, la interpretación adaptativa evitaría el trauma de la reforma a expensas de las normas constitucionales, ya que la constitución efectivamente aplicada sería la constitución judicialmente establecida.

Mesa de presentación constitucional, de 10 de abril de 1978. EFE / MANUEL H. DE LEÓN

También puede suceder, y de hecho está sucediendo en España, que lLa orientación política de la mayoría del poder judicial, sus órganos de gobierno y los tribunales superiores no coincide con la ideología de la mayoría social y la mayoría parlamentaria.. La ideología de los jueces juega un papel muy destacado a la hora de elegir entre varias posibles interpretaciones y puede suceder que sus elecciones interpretativas no coincidan con el sistema de valores socialmente preponderante, abriendo la puerta a una deslegitimación del poder judicial.

La reforma constitucional es un recurso que permite evitar ambos problemas, tomando decisiones fuera del ámbito judicial y llevándolas a su terreno natural, que es la arena política. Pero sin embargo, la reforma no está en el horizonte de ningún partido político españolFundamentalmente por tres razones: porque en un escenario político fragmentado y polarizado, los acuerdos que exige la reforma constitucional parecen poco menos que imposibles; porque ningún partido mayoritario encuentra incentivos para participar en una reforma que, ante una realidad multipartidista, muy probablemente cortará el poder institucional al que tiene acceso actualmente; y porque todavía nadie percibe que estamos en una situación de crisis que requiere reforma.

No debemos perder de vista que cuando la reforma constitucional deja de ser una opción viable, la única posibilidad de tocar la Constitución es operar sobre la orientación política del poder judicial. El objetivo sería reformar la Constitución mediante la elección de jueces de determinada orientación y evitar el cambio constitucional impidiendo la elección de jueces para preservar la orientación ideológica de los órganos jurisdiccionales, aunque no coincida con la mayoría parlamentaria.

Actualmente España vive el bloqueo por parte del Partido Popular de la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial para mantener la mayoría conservadora tanto en estos órganos como en las Salas Segunda y Tercera de la Corte Suprema, que conocen los casos de mayor impacto político. El argumento que utiliza es evitar que un partido recién creado como United We Can nomine candidatos. Es decir, evitar que se incorporen nuevas sensibilidades políticas a la interpretación judicial y que puedan contribuir a Adaptar el sentido de las normas constitucionales a una sociedad en la que esa fuerza política ha obtenido el apoyo.

Impedir la reforma de la Constitución no es una forma de protegerla. La reforma es un instrumento que garantiza la continuidad de la Constitución en el tiempo, mientras que la falta de reforma constitucional es un recurso que, tarde o temprano, provoca la pérdida de normativa y efectividad de la Constitución porque la ley no es la rosa del poema: si no se adapta al tiempo en que debe aplicarse, muere. En España hemos sobreestimado la importancia de la interpretación judicial para la preservación del sistema constitucional, pero a costa de trasladar al ámbito judicial la disputa política que debe ventilarse en los espacios y procesos de la reforma.

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